El Gobierno de Javier Milei oficializó el fin de los subsidios para los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantadas y pacientes oncológicos pediátricos. La medida, publicada mediante una resolución de la Secretaría de Transporte, generó fuerte rechazo entre organizaciones, familias y empresas del sector.
Aunque desde el Ejecutivo aseguran que el derecho a viajar gratis sigue vigente, la eliminación de las compensaciones económicas abrió un escenario de incertidumbre sobre cómo se sostendrá el sistema.
Actualmente, miles de familias utilizan estos pasajes para trasladarse a hospitales de referencia como el Garrahan o el Sor María Ludovica de La Plata. Un viaje de larga distancia puede superar fácilmente los 100 mil pesos, un costo imposible de afrontar para muchos hogares.
Desde organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad advirtieron que la decisión “profundiza el ajuste” y pone en riesgo el acceso a tratamientos médicos, controles y rehabilitaciones.
La actriz y activista Valentina Bassi cuestionó con dureza la medida y denunció el desgaste que atraviesan las familias: “Ya no sabemos hasta dónde son capaces de llegar con la crueldad”, expresó.
El conflicto se agravó tras la desregulación del transporte de larga distancia impulsada por el Gobierno en 2025. Las empresas sostienen que, al dejar de ser consideradas prestadoras de un servicio público, ya no deberían absorber el costo de los pasajes gratuitos sin asistencia estatal.
Sin embargo, muchas compañías continúan otorgando los boletos mientras reclaman una deuda millonaria al Estado. Según estimaciones del sector, el recorte de subsidios ya representa un ahorro oficial superior a los 27 mil millones de pesos en un año y medio.
Desde la cámara empresaria CELADI aclararon que no buscan eliminar el beneficio, pero remarcaron que el sistema actual es “inviable” sin financiamiento estatal. Algunas empresas del interior incluso amenazaron con dejar de entregar los pasajes gratuitos.
Organizaciones del colectivo advirtieron además que ya existían dificultades para acceder a los cupos, con restricciones horarias y menor disponibilidad. Temen que, sin subsidios ni controles, el acceso al transporte gratuito termine quedando sólo en el papel.
El Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad señaló que la resolución se suma a un contexto de recortes, desfinanciamiento y pérdida de derechos, y alertó sobre el impacto que puede tener en la vida cotidiana de miles de personas.
