El Gobierno nacional envió al Congreso un paquete de proyectos que incluye una Ley de Lobby, cambios en la regulación del juego online, la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal y un nuevo régimen de incentivos para grandes inversiones. Desde la oposición aseguran que las iniciativas responden a intereses de grupos económicos vinculados a la industria alimenticia, las plataformas de apuestas y las multinacionales tecnológicas.
Mientras la Casa Rosada presenta la Ley de Lobby como una herramienta para transparentar la influencia sobre las decisiones públicas, los cuestionamientos apuntan a que el resto de los proyectos favorecerían demandas históricas de sectores empresariales específicos.
Uno de los puntos más discutidos es la intención de eliminar la Ley de Etiquetado Frontal, vigente desde el año 2021. Sus detractores sostienen que afecta el comercio y la producción, mientras que sus defensores remarcan que permitió mejorar la información para los consumidores y promover cambios en la composición de numerosos alimentos.
Otro foco de debate es la nueva Ley de Ludopatía impulsada por el Ejecutivo. El proyecto propone restringir la publicidad de plataformas ilegales de apuestas, pero no establece limitaciones para aquellas que cuentan con autorización oficial. Legisladores opositores advierten que la iniciativa prioriza los intereses del sector antes que las políticas de prevención.
A esto se suma el denominado “Súper RIGI”, que amplía beneficios para grandes inversiones en áreas estratégicas como minería, inteligencia artificial y desarrollo tecnológico. Desde distintos bloques opositores sostienen que el esquema está diseñado para atraer a grandes actores internacionales interesados en recursos como el litio y el cobre.
Las críticas también apuntan a que el Gobierno estaría adoptando una agenda alineada con los intereses de grandes corporaciones, en un contexto de fuerte debate sobre el rol del Estado, la regulación de los mercados y el control de los recursos estratégicos del país.
Según la oposición, detrás de la retórica oficial contra los lobbies se esconde una disputa por definir qué sectores económicos tendrán mayor influencia en la elaboración de las próximas leyes.
