El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se incorporó al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias impulsado por el Gobierno nacional a través de la denominada Ley de Inocencia Fiscal. La adhesión se conoció pocas horas después de que trascendiera que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa también optaron por el mismo mecanismo.
Según explicaron fuentes cercanas al funcionario, la decisión responde a la utilización de una herramienta disponible para cualquier contribuyente que reúna los requisitos establecidos por la normativa. Desde el entorno de Sturzenegger remarcaron que se trata de un procedimiento administrativo simplificado y negaron que implique algún beneficio excepcional o irregular.
El régimen fue implementado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y busca simplificar la presentación de las declaraciones juradas. En la práctica, el organismo pone a disposición información precargada y concentra los controles en los ingresos declarados y los gastos deducibles, dejando fuera del análisis determinados aspectos patrimoniales que sí forman parte del esquema tradicional.
La adhesión de varios integrantes del oficialismo generó cuestionamientos desde sectores de la oposición y especialistas tributarios, que advirtieron sobre el alcance de la medida. Entre las críticas aparece la posibilidad de que funcionarios públicos recurran a un sistema pensado originalmente para simplificar trámites fiscales, en medio de debates sobre transparencia y control patrimonial.
Además de Adorni y Sturzenegger, otros dirigentes vinculados al espacio libertario también habrían optado por este mecanismo. Desde el Gobierno sostienen que más de 80.000 contribuyentes ya se incorporaron al régimen y que su utilización no representa ninguna situación fuera de lo común.
Mientras tanto, la discusión volvió a instalarse en la agenda política porque el Ejecutivo impulsa modificaciones al esquema actual para ampliar su alcance. Entre los cambios en estudio figura la eliminación de algunos límites patrimoniales y de ingresos que hoy condicionan el acceso al sistema simplificado.
