La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) atraviesa una nueva ola de ajuste. En las últimas horas, alrededor de 100 trabajadores fueron despedidos, aunque los gremios advierten que la cifra podría ascender a 170, ya que esa es la cantidad de contratos que vencían el 30 de junio.
Las cesantías fueron notificadas a través del sistema de gestión estatal y alcanzan a investigadores, técnicos y profesionales especializados, algunos con más de una década de trayectoria dentro del organismo.
Denuncian un fuerte desmantelamiento
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) sostienen que los despidos forman parte de un proceso de desfinanciamiento de la CNEA que, según distintos informes, ya provocó una reducción del 45,4% del presupuesto del organismo desde el inicio de la gestión de Javier Milei y la salida de unos 500 trabajadores entre despidos y renuncias por los bajos salarios.
La CNEA es un organismo estratégico para el país. Además del desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos, participa en la producción de radioisótopos utilizados para el diagnóstico y tratamiento del cáncer, la investigación científica y el desarrollo del ciclo del combustible nuclear.
Tensión y represión en la sede central
Tras conocerse los despidos, trabajadores realizaron una permanencia en la sede de la CNEA, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante la protesta intervino la Gendarmería Nacional, que desalojó el edificio mientras escoltaba al presidente del organismo, Martín Porro.
Los gremios denunciaron empujones, golpes y un clima de fuerte tensión, además de cuestionar que las autoridades no brindaran explicaciones sobre las desvinculaciones.
Preocupación por el futuro del sector nuclear
Los representantes sindicales aseguran que el ajuste pone en riesgo el plan nuclear argentino, construido durante más de siete décadas, y advierten sobre la pérdida de personal altamente capacitado, que termina migrando al sector privado por la diferencia salarial.
También expresaron su preocupación por la apertura del Gobierno a la participación de empresas privadas en proyectos vinculados al sector nuclear y a la explotación de uranio, un recurso considerado estratégico para el desarrollo energético del país.
Según los trabajadores, estas medidas podrían afectar no solo la capacidad científica y tecnológica de la Argentina, sino también su autonomía en materia energética y el desarrollo futuro de la industria nuclear.
