La Legislatura de Tucumán comenzó a debatir un proyecto de ley que propone crear un régimen especializado para la ejecución de penas de adolescentes en conflicto con la ley penal. La iniciativa busca disminuir la reincidencia mediante un esquema que combine el cumplimiento de la condena con acciones de reinserción social.
El proyecto, impulsado por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, plantea que el Estado acompañe el proceso de los jóvenes condenados con programas educativos, asistencia psicológica y psiquiátrica, capacitación laboral y fortalecimiento de los vínculos familiares. La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación de un Plan de Transformación Personal para cada adolescente, con objetivos individuales orientados a la educación, la salud mental, el tratamiento de consumos problemáticos y la formación para la inserción laboral, bajo el seguimiento de equipos interdisciplinarios y supervisión judicial.
Además, el texto incorpora al Instituto Cura Brochero como establecimiento de referencia para la ejecución de las medidas y prevé un abordaje integral con el objetivo de favorecer la reintegración de los jóvenes a la sociedad una vez cumplida la sanción.
El autor de la iniciativa sostuvo que el proyecto no modifica las sanciones previstas por la legislación vigente, sino que busca mejorar la forma en que se ejecutan las penas para reducir la reincidencia y ofrecer herramientas concretas que faciliten un cambio de conducta. El debate ahora quedará en manos de las comisiones legislativas, que deberán analizar el alcance de la propuesta antes de su eventual tratamiento en el recinto.
