El gobierno de Perú promulgó una controvertida ley que amplía los beneficios judiciales para militares y policías investigados o condenados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno, una medida que fue cuestionada por organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas.
La norma establece mecanismos que permiten reducir o extinguir responsabilidades penales en determinados casos, lo que sus detractores consideran una forma de impunidad para integrantes de las fuerzas de seguridad involucrados en graves violaciones a los derechos humanos.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales advirtieron que la legislación contradice los compromisos asumidos por Perú en materia de justicia, verdad y reparación, además de poner en riesgo procesos judiciales vinculados con ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otros crímenes ocurridos durante las décadas de violencia política.
Por su parte, el gobierno y los sectores que impulsaron la iniciativa sostienen que la ley busca brindar seguridad jurídica a efectivos que actuaron en la lucha contra grupos armados, argumentando que muchos enfrentan procesos judiciales desde hace años.
La aprobación de la norma reavivó el debate sobre la memoria, la justicia y el tratamiento de los crímenes cometidos durante el conflicto interno peruano, un período que dejó miles de víctimas y continúa siendo motivo de fuertes disputas políticas y sociales.
Con esta decisión, Perú vuelve a quedar bajo la mirada de organismos internacionales, que siguen de cerca el impacto de la legislación sobre las investigaciones por violaciones a los derechos humanos y el cumplimiento de los estándares internacionales de justicia.
