La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Inocencia Fiscal, uno de los proyectos económicos centrales del Gobierno de Javier Milei. La iniciativa, impulsada por el ministro de Economía Luis Caputo, obtuvo 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones y ahora deberá ser debatida por el Senado.
El proyecto busca ampliar considerablemente el alcance del Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Para eso, elimina los actuales límites de ingresos y patrimonio que condicionaban el acceso al sistema. De aprobarse definitivamente, cualquier persona humana o sucesión indivisa residente en el país podría optar por este mecanismo.
La reforma apunta, según el oficialismo, a simplificar las obligaciones tributarias y generar mayor confianza entre el Estado y los contribuyentes, además de incentivar que parte de los ahorros que permanecen fuera del circuito formal vuelvan a la economía. El Gobierno sostiene que existe un importante volumen de dólares no declarados que podría incorporarse al sistema financiero y transformarse en inversión.
Menos controles y nuevas reglas para ARCA
Uno de los puntos más discutidos es el cambio en las facultades de fiscalización de ARCA. La iniciativa establece nuevos parámetros para determinar cuándo existe una «discrepancia significativa» entre lo declarado por un contribuyente y la información que posee el organismo.
El proyecto fija un umbral del 15% para que una diferencia pueda habilitar una impugnación de la declaración simplificada y establece condiciones adicionales para las investigaciones. También limita el uso de determinadas presunciones y establece que la carga de probar una eventual irregularidad recaiga sobre el organismo recaudador.
Para sus impulsores, estos cambios buscan terminar con la lógica de considerar sospechoso al contribuyente que posee ahorros en dólares o bienes acumulados fuera del sistema formal. La oposición, en cambio, advierte que la reforma puede debilitar las herramientas de control del Estado frente a la evasión fiscal.
Fuertes críticas de la oposición
Durante el debate, los cuestionamientos se concentraron en el posible impacto de la norma sobre la capacidad de ARCA para detectar evasores, grandes patrimonios y operaciones de dinero de origen ilícito.
El diputado Martín Lousteau sostuvo que detrás de la simplificación tributaria existe un riesgo de degradación de los mecanismos de fiscalización. Desde Unión por la Patria también calificaron la iniciativa como una suerte de blanqueo encubierto, aunque aclararon que no rechazan la simplificación del sistema ni la incorporación de recursos al circuito formal.
Otro punto incorporado durante el tratamiento fue una reducción del 25% en determinadas multas por infracciones formales para pequeñas y medianas empresas, mientras que el plazo para adherir al régimen se extendería hasta el 31 de diciembre de 2027.
Los funcionarios quedaron afuera de los beneficios
Durante las negociaciones con los bloques aliados, el oficialismo aceptó una modificación relevante: los funcionarios públicos quedaron excluidos de los principales beneficios del régimen.
Quienes hayan ocupado cargos de alta responsabilidad en los tres poderes del Estado durante los últimos cinco años podrán utilizar el sistema simplificado para presentar su declaración y pagar los impuestos correspondientes, pero no accederán a las protecciones tributarias especiales previstas para el resto de los contribuyentes.
La exclusión adquiere especial relevancia después de la polémica generada meses atrás por la adhesión de funcionarios del Gobierno al régimen de Inocencia Fiscal.
Con la media sanción conseguida en Diputados, Inocencia Fiscal II se suma a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, también aprobada durante la extensa sesión parlamentaria. Para el Gobierno, ambas iniciativas forman parte de su estrategia económica y ahora deberán superar el debate en el Senado para convertirse en ley.
