La Corte Suprema abrió un nuevo expediente que cuestiona la derogación de la Ley de Tierras impulsada por el DNU 70/23. El tribunal convocó a dos conjueces luego de no alcanzar un acuerdo entre sus integrantes.
La Corte Suprema de Justicia volvió a poner bajo análisis la derogación de la Ley de Tierras. El máximo tribunal comenzó a estudiar un nuevo expediente presentado por organizaciones ambientalistas, comunidades mapuches, dirigentes políticos y vecinos, que reclaman una medida cautelar solicitada hace más de dos años.
El movimiento se produjo después de que la Corte resolviera la semana pasada un planteo presentado por el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, en un fallo que habilitó la aplicación de la derogación de la norma.
Ahora, el tribunal deberá definir qué hacer con el expediente impulsado por Árbol de Pie, comunidades mapuches y otros actores, que cuestionan el artículo 154 del DNU 70/23 y sostienen que la eliminación de la Ley de Tierras también afecta derechos ambientales y de los pueblos originarios.
La Corte no logró un acuerdo
El expediente había quedado fuera de la resolución anterior. Por eso, los demandantes presentaron un pedido para que la Corte aclarara si el fallo alcanzaba también a su causa y reclamaron que se tratara la medida cautelar que permanece pendiente desde agosto de 2024.
La presentación generó un nuevo análisis dentro del máximo tribunal. Según informó la propia Corte, sus integrantes no lograron alcanzar unanimidad de criterios, por lo que se decidió convocar a dos conjueces.
Los elegidos fueron Diego Barroetaveña, camarista de Casación, y Juan Ignacio Pérez Curci, integrante de la Cámara Federal de Mendoza. Como suplentes quedaron Eduardo Farah y Jorge Morán.
¿Qué puede resolver la Corte?
El nuevo expediente abre distintas posibilidades. Una de ellas es que el tribunal considere que el caso es equivalente al planteado por los excombatientes y rechace la legitimación de los demandantes.
Otra alternativa es que entienda que se trata de un reclamo diferente y ordene que continúe su trámite en los tribunales inferiores, ya sea en Río Negro o en La Plata.
También existe una opción más excepcional: que la Corte dicte directamente una medida cautelar para suspender los efectos de la derogación de la Ley de Tierras y luego avance sobre la cuestión de fondo.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez planteó esta última posibilidad como uno de los caminos que podría adoptar el tribunal.
El reclamo ambiental y de los pueblos originarios
La causa no se limita a discutir la extranjerización de tierras. Los demandantes sostienen que la Ley 26.737 también funcionaba como una herramienta de protección ambiental y de la biodiversidad.
Además, plantean que su derogación puede afectar los derechos de los pueblos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.
Ese aspecto podría ser relevante para determinar si el nuevo expediente debe recibir un tratamiento diferente al presentado por el CECIM y si quienes impulsan la demanda tienen legitimación para intervenir.
Un expediente que vuelve a poner el tema en el centro
El nuevo movimiento de la Corte ocurre en medio de fuertes cuestionamientos al fallo que permitió avanzar con la derogación de la Ley de Tierras y de movilizaciones frente al Palacio de Justicia.
Los representantes de la causa anticiparon que pedirán una audiencia pública y la apertura del registro de amicus curiae para incorporar distintas posiciones al debate.
Mientras el máximo tribunal vuelve a analizar el tema, queda abierta una pregunta central: ¿mantendrá los efectos de la derogación de la Ley de Tierras o habilitará un nuevo camino judicial para discutirla?
La respuesta dependerá ahora de cómo se integre el tribunal y de la posición que adopten los conjueces convocados para intervenir en el expediente.
