La licitación del paquete accionario mayoritario de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET) volvió al centro de la discusión política provincial. Las sucesivas modificaciones del cronograma generaron cuestionamientos de legisladores opositores, que reclaman transparencia sobre la concesión, los costos del servicio y el impacto de las tarifas en los hogares.
El Gobierno de Osvaldo Jaldo defendió la postergación y sostuvo que busca adaptar el proceso al escenario energético actual y ampliar la participación de oferentes.
Una licitación que volvió a cambiar de fecha
El cronograma original establecía el 30 de septiembre de 2026 como fecha límite para convocar a la licitación. Sin embargo, la Legislatura aprobó una nueva prórroga que extendió ese plazo hasta el 30 de diciembre de 2026, mediante la Ley provincial 10.006.
La norma también fijó el 4 de agosto de 2027 como fecha de vencimiento del segundo período de gestión.
Las modificaciones despertaron críticas de legisladores que advierten sobre la demora en definir el futuro de la distribuidora y reclaman precisiones sobre las condiciones de la convocatoria.
Qué cuestiona la oposición y qué responde el Gobierno
Los legisladores José Seleme y Manuel Courel cuestionaron las sucesivas postergaciones y reclamaron mayor acceso a información sobre los costos, las operaciones y las ganancias de la compañía.
Uno de los puntos de discusión es la estructura empresarial de EDET, controlada por Edison Energía, vinculada al Grupo Neuss. Los opositores plantearon interrogantes sobre la formación de los costos del servicio y el traslado de esos valores a las facturas.
Desde el Gobierno, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, rechazó las acusaciones de favoritismo y sostuvo que la prórroga responde a los cambios en el mercado energético, la reducción de subsidios nacionales y la necesidad de dar mayor previsibilidad a los posibles oferentes.
Según el Ejecutivo, extender los plazos permitiría mejorar las condiciones de la licitación y favorecer una mayor competencia. También aseguró que los balances de la empresa y las resoluciones del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT) están disponibles para su consulta.
Tarifas e inversiones: las preguntas que siguen abiertas
El costo de la electricidad es uno de los aspectos más sensibles de la discusión. Los legisladores opositores cuestionaron los aumentos acumulados durante 2026 y reclamaron explicaciones sobre la relación entre los costos de abastecimiento, los ingresos de la distribuidora y las inversiones realizadas.
Sin embargo, la factura eléctrica no depende exclusivamente de EDET: también intervienen los costos de compra de energía y otros componentes regulados. Para determinar el origen de los aumentos es necesario analizar los cuadros tarifarios y las resoluciones correspondientes.
La oposición también pidió información sobre las obras ejecutadas, los compromisos de inversión y los mecanismos para verificar su cumplimiento.
En ese escenario, el ERSEPT cumple un papel central en el control de la prestación eléctrica. La publicación de datos sobre tarifas, inversiones y obligaciones contractuales resulta clave para que los usuarios puedan conocer las condiciones del servicio y exigir respuestas ante posibles deficiencias.
Una definición que afecta a toda la provincia
La convocatoria a licitación tiene como nueva fecha límite el 30 de diciembre de 2026. Hasta entonces, el proceso seguirá bajo la mirada de la Legislatura, los sectores políticos y los usuarios.
Mientras el Gobierno sostiene que la prórroga permitirá ampliar la competencia, la oposición reclama explicaciones sobre las demoras y mayores garantías de transparencia.
La discusión sobre EDET excede quién controlará la empresa: también involucra la calidad del servicio, el cumplimiento de las inversiones, los mecanismos de fiscalización y los costos que pagan los tucumanos por la electricidad.
