Nepal atraviesa una crisis política y social sin precedentes tras un levantamiento encabezado por jóvenes de la Generación Z que terminó con la renuncia del primer ministro, KP Sharma Oli. Todo comenzó cuando el gobierno anunció, el 4 de septiembre, el bloqueo de una veintena de redes sociales —entre ellas Facebook, X, YouTube, Instagram y LinkedIn— por no registrarse ante las autoridades locales, tal como lo exige una ley vigente desde 2023.
La medida encendió las alarmas de miles de usuarios que interpretaron la decisión como un intento de censura y control político. En cuestión de horas, Katmandú y otras ciudades se llenaron de manifestantes que exigían la reapertura de las plataformas y denunciaban la corrupción estructural del país.
Redes sociales, libertad de expresión y desigualdad
Para el gobierno, el bloqueo buscaba obligar a las big tech a designar representantes legales y ajustarse a la normativa local, bajo el argumento de frenar la desinformación y los discursos de odio. Sin embargo, para los jóvenes, la medida simbolizó la falta de libertades y oportunidades.
El estallido social encontró combustible en otro fenómeno: la indignación contra los llamados “Nepo kids”, hijos de políticos y empresarios que exhiben lujos en redes sociales mientras la pobreza afecta a más del 20% de la población. Nepal, con casi 30 millones de habitantes, depende en gran medida de Internet: solo Facebook concentra más de 13 millones de usuarios activos y las redes representan cerca del 80% del tráfico digital en el país.
Tras días de tensión, la represión dejó al menos 19 muertos y culminó con la dimisión de Oli. Ahora, el país avanza hacia un nuevo gobierno de coalición entre el Partido Comunista y el Congreso Nepalí.
El espejo de Brasil y el nuevo orden digital
Lo que ocurre en Nepal no es un episodio aislado, sino parte de una disputa global sobre quién controla el ecosistema digital y, con él, los tiempos y ritmos de nuestras sociedades. Las big tech ya no son simples plataformas tecnológicas: son actores políticos con capacidad de condicionar gobiernos, economías y culturas. El caso de Brasil en 2024, cuando la Justicia bloqueó X (Twitter) por incumplir órdenes judiciales, evidenció hasta qué punto el poder corporativo y el poder estatal se enfrentan en un terreno sin reglas claras.
Cada conflicto de este tipo expone una tensión de fondo: mientras los Estados intentan regular desde marcos nacionales, las plataformas avanzan con lógicas transnacionales que desdibujan la noción misma de soberanía. En esta nueva fase del capitalismo, la disputa ya no es solo por los datos, sino por el tiempo social: quién decide qué vemos, cómo lo vemos y cuánto tiempo permanecemos conectados.
El caso de Nepal muestra que el problema no es únicamente tecnológico, sino político. La pregunta central es quién establece las reglas en un escenario gobernado por algoritmos, capaces de moldear percepciones, amplificar conflictos y, como se vio ahora, incluso precipitar la caída de un gobierno.
