La CONAIE aclara su posición frente al acuerdo local
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), junto a sus regionales Ecuarunari, Confeniae y Conaice, emitió un comunicado en el que sostiene que no fue convocada a la mesa de diálogo llevada a cabo el 15 de octubre en Imbabura, pese al anuncio de que ese encuentro había puesto fin al paro nacional impulsado contra la eliminación del subsidio al diésel.
Aunque las organizaciones locales de la zona sí participaron del diálogo con el gobierno y anunciaron que el paro quedaba levantado, la dirigencia nacional dejó claro que esas decisiones locales no reflejan la voluntad unificada del movimiento indígena.
Llamado a la unidad y reorganización del movimiento
En su pronunciamiento, la CONAIE exhorta a sus bases a actuar con unidad, disciplina y respeto a las estructuras organizativas. Aseguran que la fortaleza del movimiento indígena ha residido históricamente en su techo organizativo colectivo, y que las decisiones no deben segmentarse ni promover rupturas internas.
El Consejo Ampliado, celebrado el 14 de octubre, definió impulsar una reorganización de la resistencia nacional, enfatizando que la campaña por el “NO” en la próxima consulta popular y referéndum debe ser una acción colectiva que respete la diversidad pero cristalice una decisión común.
Críticas al diálogo local y persistencia del paro
Una de las bases del movimiento, la Federación de Organizaciones del Azuay (FOA), rechazó el levantamiento unilateral del paro y cuestionó la validez de la mesa de diálogo de Imbabura, al considerar que no representa a todas las comunidades ni refleja las demandas nacionales. Para ellos, aquel encuentro fue parcial y guiado por presiones de orden militar y policial.
Entre los reclamos persistentes figuran la retirada de fuerzas estatales de territorios indígenas, la liberación de detenidos, atención médica para los heridos, y la nulidad del decreto que eliminó el subsidio al diésel. Además, expresan rechazo al proceso de consulta propuesta por el Gobierno y al hostigamiento judicial contra líderes sociales.
