En un claro contrapunto con la letal política de seguridad del estado de Río de Janeiro, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgó una ley para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, insistiendo en que la solución no son las «matanzas». El anuncio se produce mientras el país procesa el horror de la «Operación Contención», que dejó más de 130 muertos y múltiples denuncias de ejecuciones sumarias.
«El crimen no se combate con matanzas»
La postura del presidente brasileño fue contundente. «El crimen organizado no se combate con matanzas, sino con medidas que descapitalicen a las bandas y golpeen sus estructuras financieras», sostuvo Lula. El mandatario insistió en la necesidad de «una política de seguridad pública moderna, integrada y que no convierta las favelas en zonas de guerra».
En este marco, el gobierno federal promulgó una nueva ley que endurece las penas para quienes obstruyan investigaciones y aumenta la protección de los agentes públicos. La estrategia de Lula, en contraste con la acción en Río, apunta a «impactar la espina dorsal del narcotráfico» sin arriesgar a civiles inocentes, mediante el desmantelamiento de redes de lavado de dinero, como una operación reciente contra el PCC.
Una operación bajo sospecha de masacre
Mientras el gobierno federal busca un enfoque estructural, la «Operación Contención» del gobernador Cláudio Castro en las favelas de Penha y Alemão dejó un saldo trágico. La Defensoría Pública elevó la cifra de víctimas a 132 muertos, advirtiendo que no todos pertenecían a facciones criminales.
Las denuncias de brutalidad policial son graves. Testigos y organizaciones sociales reportaron ejecuciones sumarias. «Hay personas ejecutadas con tiros en la nuca o por la espalda», afirmó el activista Raull Santiago. El testimonio de Raquel Tomas, madre de un joven de 19 años, es devastador: «Degollaron a mi hijo, le cortaron el cuello y colgaron su cabeza en un árbol como un trofeo». La operación paralizó la ciudad, con vecinos atrapados y escuelas cerradas. «Esto ha sido una masacre, no una operación», denunció otra madre.
La respuesta federal: inteligencia sobre la fuerza bruta
La colisión de visiones obligó la intervención federal. El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, viajó a Río y anunció una Oficina de Emergencia. Sin embargo, aclaró que el apoyo se centrará en la inteligencia financiera y el aislamiento carcelario de líderes, no en más enfrentamientos armados. «La principal herramienta son las investigaciones que identifiquen y embarguen los recursos», subrayó el ministro.
Esta postura choca frontalmente con la del gobernador Castro, aliado de Bolsonaro, quien defendió la operación como un «éxito» y tildó a los fallecidos de «narcoterroristas». Ante la gravedad de los hechos y las denuncias, el Tribunal Supremo convocó al gobernador y a los jefes policiales a una audiencia el próximo lunes para que expliquen el nivel de fuerza empleado.
