El plan oficial: vender casi la mitad de la empresa
El Gobierno nacional avanzó con la decisión de poner en venta el 44 % de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida se ampara en la Ley Bases, que habilita la privatización parcial de compañías estratégicas.
El Estado conservaría el 51 % del control accionario, mientras que un 5 % quedaría en manos de los trabajadores. Sin embargo, la iniciativa reavivó el debate sobre el papel del sector privado en áreas consideradas sensibles para la soberanía nacional.
Argumentos económicos y críticas políticas
Desde el Gobierno sostienen que la medida busca generar ingresos y atraer inversiones en un contexto de fuerte necesidad de divisas. La venta de parte de la compañía se presenta como una oportunidad para aliviar la presión fiscal y mejorar la eficiencia operativa del sistema energético.
Del otro lado, especialistas y exfuncionarios del sector nuclear advierten que una apertura al capital privado podría debilitar la autonomía tecnológica que la Argentina desarrolló durante décadas. También se teme que el país pierda protagonismo en una industria estratégica que combina innovación científica, energía limpia y defensa nacional.
Un sector clave en la matriz energética
Nucleoeléctrica Argentina produce alrededor del 7 % de la energía eléctrica del país y es una de las pocas empresas del mundo que mantiene reactores propios en funcionamiento, además de impulsar el desarrollo del reactor modular CAREM, un proyecto 100 % nacional.
La privatización parcial podría modificar la dirección de estos programas y redefinir las prioridades tecnológicas del país. En un momento en que la energía nuclear vuelve a ganar relevancia mundial como alternativa limpia y estable, el debate sobre su futuro en manos estatales o mixtas promete seguir abierto.
