Finalmente, hubo veredicto en Miramar. Este viernes por la noche, un jurado popular tomó una decisión histórica respecto al crimen de Luciano Olivera. Los 12 ciudadanos declararon culpable al policía Maximiliano González por el asesinato del adolescente de 16 años, ocurrido en diciembre de 2021. De esta manera, se cierra la primera etapa de un caso que conmocionó a la provincia.
El juicio se desarrolló en el Tribunal N° 1 de Mar del Plata. Allí, la defensa del oficial había optado por esta modalidad de juzgamiento. Sin embargo, la evidencia fue contundente. El jurado consideró a González responsable de homicidio agravado. Específicamente, por el uso de arma de fuego, alevosía y abuso de su función policial.
Ahora, resta un paso formal. El juez técnico Facundo Gómez Urso debe dictar la sentencia en una audiencia de cesura. No obstante, el destino del condenado parece sellado. La única pena posible para esta calificación legal es la prisión perpetua.
Gatillo fácil y estereotipos
La tragedia se desató la madrugada del 10 de diciembre de 2021. Luciano estaba con amigos en la plaza. Luego, se retiró en su moto. Pero un patrullero comenzó a seguirlo. Según la querella, representada por Gregorio Dalbón, hubo un prejuicio letal. Los oficiales lo marcaron por el «estereotipo de pibe chorro» solo por llevar visera. En realidad, el chico regresaba a su casa.
Durante el debate por el crimen de Luciano Olivera, se intentó instalar la versión de un disparo accidental. Pero las pericias oficiales desmintieron al policía. De hecho, se comprobó que el oficial quitó dos seguros, tenía bala en recámara y puso el dedo en el gatillo. Por lo tanto, hubo intención de disparar. La víctima, tras recibir el impacto en el corazón, llegó a decir: «Me pegaste un tiro».
Causa abierta por encubrimiento
Este fallo condenatorio es central, pero no el único. Además de González, hay otros implicados en el operativo. Por consiguiente, cuatro efectivos más (Nelson Albornoz, Kevin Gerricagoitía, Rocío Mastrángelo y Alejandro Cepeda) enfrentan cargos. En su caso, están imputados por encubrimiento.
A diferencia del juicio principal, estos agentes serán juzgados por separado en tribunales correccionales. Todavía no hay fecha definida para esos procesos. Finalmente, la familia de Luciano obtuvo la respuesta que esperaba tras años de reclamo contra la violencia institucional.
