La Justicia federal imputó formalmente a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y a Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, por una presunta retención ilegal de aportes jubilatorios y contribuciones a la seguridad social que debería haber sido girada por la asociación y clubes del fútbol argentino. La causa está en manos del fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial y del juez Diego Amarante.
Qué se investiga y por qué
La acusación se centra en una deuda previsional que, según la presentación judicial, supera los $19.000 millones. La hipótesis del fiscal es que la AFA habría retenido aportes y otros tributos a empleados de la propia asociación y de clubes importantes del país, pero no habría cumplido con los plazos legales para depositarlos ante los organismos correspondientes.
Esta situación encuadra en posibles delitos previstos en el Régimen Penal Tributario, que sanciona la retención indebida de impuestos y contribuciones si se acredita que se retuvieron fondos sin girarlos al sistema previsional.
Responsabilidades y alcance de la causa
La imputación designa a Tapia en su rol de presidente de la AFA y como responsable de la administración de la clave fiscal de la entidad, lo que lo coloca en el centro de la pesquisa. Toviggino, en tanto, es señalado como tesorero y pieza clave en la gestión de recursos de la asociación.
Dada la magnitud de la deuda y la compleja estructura económica de la AFA, el fiscal solicitó ampliar la investigación a otros dirigentes y empresas vinculadas, en busca de posibles responsabilidades adicionales.
Este caso se suma a otras investigaciones que en las últimas semanas han involucrado a la conducción del fútbol argentino por presuntas irregularidades financieras y administrativas. La causa por la retención de aportes jubilatorios es una de las más complejas hasta ahora, por el monto implicado y las figuras imputadas.
La investigación continúa en etapa de instrucción, con medidas judiciales previstas para profundizar el análisis contable y fiscal, y definir si corresponde avanzar hacia procesamientos.
