Ecuador atraviesa uno de sus momentos más críticos. En medio de una escalada de violencia sin precedentes, el presidente Daniel Noboa ordenó el despliegue de fuerzas militares en las calles y estableció un toque de queda para intentar recuperar el control.
Las imágenes recorrieron el mundo: toma de rehenes en una universidad de Guayaquil, irrupciones armadas en un canal de televisión y la evacuación del palacio presidencial. Todo ocurrió pocos días después de que el gobierno decretara el estado de excepción, tras motines en cárceles y la fuga de dos figuras clave del narcotráfico: Adolfo Macías (“Fito”) y Fabricio Colón Pico (“Capitán Pico”).
Detrás de la crisis hay un escenario estructural complejo. Ecuador, dolarizado desde el año 2000, registra hoy la tasa de homicidios más alta de la región, con 43 cada 100.000 habitantes. A esto se suma un fuerte deterioro social: casi 5 millones de personas viven en situación de pobreza, con ingresos menores a 3 dólares diarios según datos oficiales.
El avance del narcotráfico parece haber desbordado la capacidad estatal. La violencia en cárceles, la organización de bandas criminales y su capacidad de acción pública evidencian un problema que ya no es solo de seguridad, sino también social y económico.
En el plano político, el expresidente Rafael Correa llamó a la unidad nacional frente a lo que definió como una “guerra” del crimen organizado contra el Estado. Mientras tanto, desde Argentina, la canciller Diana Mondino vinculó los hechos con supuestas bandas “socialistas”, una afirmación que generó controversia, y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich planteó que se trata de un problema regional, incluso ofreciendo colaboración militar.
La crisis ecuatoriana expone un fenómeno que excede fronteras. Lo que sucede hoy en ese país plantea interrogantes urgentes sobre el avance del crimen organizado en América Latina y la capacidad de los Estados para enfrentarlo.
