La Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido de per saltum presentado por el Gobierno de Javier Milei en la causa por la reforma laboral. La decisión implica que el conflicto seguirá discutiéndose en instancias judiciales inferiores y no llegará, por ahora, de manera directa al máximo tribunal.
El recurso había sido presentado por la Casa Rosada luego de que distintos sectores sindicales cuestionaran judicialmente varios artículos de la llamada Modernización Laboral.
Qué buscaba el Gobierno
El Ejecutivo intentó utilizar la vía del per saltum para acelerar el tratamiento judicial del caso. El objetivo era que la Corte interviniera directamente sobre la cautelar que frenaba la aplicación de más de 80 artículos de la reforma.
La disputa comenzó luego de que la CGT obtuviera una primera victoria judicial en marzo. En ese momento, el juez laboral Raúl Ojeda suspendió parte de la reforma impulsada por el oficialismo.
Tras ese fallo, el Gobierno desplegó distintas estrategias para recuperar la vigencia de la norma. Por un lado, apeló la medida ante la Cámara Nacional del Trabajo. Al mismo tiempo, buscó trasladar la discusión al fuero contencioso-administrativo, considerado más favorable para los intereses del Estado.
La reforma volvió a entrar en vigencia
Uno de los avances más importantes para la Casa Rosada ocurrió el 23 de abril. Ese día, la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo, integrada por los jueces Víctor Pesino y María Dora González, dejó sin efecto la cautelar dictada por Ojeda.
De esa manera, la reforma laboral volvió a quedar vigente mientras continúa el tratamiento judicial de fondo.
Sin embargo, la decisión abrió una nueva polémica. La CGT recusó a ambos magistrados y denunció un posible vínculo entre el Gobierno y el juez Pesino. El cuestionamiento surgió luego de que el Ministerio de Justicia iniciara el trámite para extender su permanencia en el cargo tras cumplir 75 años.
Qué dijo la Corte Suprema
En el acuerdo realizado este jueves, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el pedido del Gobierno. Consideraron que no estaban dadas las condiciones legales necesarias para habilitar el salto de instancia.
Según explicaron, el caso no cumple con los requisitos establecidos por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Desde la CGT interpretaron el fallo como un límite al argumento del oficialismo, que sostenía que existía una situación de “gravedad institucional” por la cautelar laboral.
Un conflicto que sigue abierto
Pese al rechazo del per saltum, el Gobierno mantiene una situación favorable. Actualmente, el expediente principal tramita en el fuero contencioso-administrativo, tal como pretendía la Casa Rosada.
Mientras tanto, la tensión judicial y política alrededor de la reforma laboral continúa creciendo. El debate involucra a la Corte Suprema, al Gobierno nacional y a las principales organizaciones sindicales del país, en medio de una fuerte discusión sobre el futuro de los derechos laborales en Argentina.
