Tras la orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, para que el Poder Ejecutivo cumpla en un plazo de dos semanas con la Ley de Emergencia en Discapacidad, en Casa Rosada aseguran que no habrá cumplimiento pleno. El argumento es siempre el mismo: “los fondos totales no están”.
La resolución judicial exige que el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad informen en cinco días el avance concreto de las medidas para ejecutar la ley, bajo apercibimiento de sanciones.
Reuniones y una estrategia de mínimo cumplimiento
Este jueves, el ministro de Salud, Mario Lugones, se reunió durante más de una hora con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Aunque no hubo declaraciones oficiales, desde el entorno presidencial deslizaron que, si no queda otra opción, se avanzará con “las herramientas disponibles”, una forma elegante de anticipar un cumplimiento parcial o simbólico del fallo.
En casa de gobierno admiten que la alternativa que se analiza es “maquillar” la ejecución de la sentencia, sin aplicar la ley de manera integral. En paralelo, el Gobierno evalúa enviar un nuevo proyecto al Congreso para modificar la normativa vigente.
El antecedente en el Congreso
El oficialismo ya había intentado derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario durante el tratamiento del Presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias. Sin embargo, la oposición bloqueó esa jugada y mantuvo ambas leyes. Ahora, la estrategia sería distinta: impulsar una nueva norma que reemplace a la actual.
Mientras tanto, la sentencia advierte que, si no hay cumplimiento, Adorni y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, podrían enfrentar sanciones económicas y judiciales. En el Gobierno minimizan ese escenario: “Como mucho, se descontará una parte del sueldo de algunos funcionarios”, ironizan.
El fallo judicial exige, entre otras medidas, la actualización de aranceles a prestadores desde enero de 2025, un plan de pago de deudas, la apertura del plan ARCA, nuevos valores de prestaciones y la reglamentación de la Ley 27.793, demorada desde hace tres meses.
Mientras tanto, organizaciones de personas con discapacidad desconfían de que el Ejecutivo acate la decisión judicial. La preocupación crece entre miles de familias que sobreviven con pensiones por debajo de los 300 mil pesos y dependen del Estado para sostener tratamientos básicos y una vida digna.
