Laura Roteta dictaminó que, tras la renuncia de Espert, la ley de paridad obliga a que Karen Reichardt ocupe el primer lugar. El juez Ramos Padilla tiene ahora la decisión final.
En un duro revés para la estrategia del oficialismo, la fiscal federal electoral de la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó este martes que corresponde que Karen Reichardt encabece la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza, y no Diego Santilli, tras la renuncia de José Luis Espert. El pronunciamiento choca frontalmente con lo solicitado por el Gobierno y deja en manos del juez Alejo Ramos Padilla una decisión que podría alterar por completo el panorama electoral bonaerense.
El choque legal: Paridad de género vs. interpretación oficialista
El núcleo de la controversia radica en cómo aplicar la ley de paridad de género ante una renuncia:
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La postura oficialista: Los apoderados de LLA argumentaron que el decreto 171/2019 establece que el reemplazante debe ser «la persona del mismo género que le sigue en la lista». Como Espert es varón, el siguiente es Diego Santilli.
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El dictamen de la Fiscal: Roteta consideró que esta interpretación es errónea y contraria al espíritu de la ley. Sostuvo que la paridad es una «acción afirmativa» para revertir la desigualdad estructural y no puede usarse para perjudicar a las mujeres. Hacer que un hombre salte por encima de una mujer que estaba mejor posicionada sería una «regresión». Por lo tanto, Karen Reichardt debe ascender del segundo al primer lugar.
Un antecedente clave: el fallo Crexell de la Corte Suprema
La fiscal fundamentó su posición en jurisprudencia firme, citando específicamente el caso de la senadora Lucila Crexell. Ante la muerte del primer candidato, la Justicia Electoral (con fallo confirmado por la Corte Suprema) determinó que a ella le correspondía encabezar la boleta, y no al primer suplente varón, para no contrariar el «propósito final de la ley, que es la protección de la mujer».
Los magistrados consideraron en su momento que aplicar estrictamente el reemplazo por género sería una «hipótesis de aplicación irrazonable de una norma».
Si bien el dictamen fiscal no es vinculante, representa un argumento jurídico sólido que el juez Ramos Padilla deberá considerar. Su decisión final podrá ser apelada ante la Cámara Nacional Electoral, lo que extendería aún más esta pulseada legal que mantiene en vilo al oficialismo a menos de tres semanas de los comicios.
