El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a regir este viernes en Argentina y establece que los adolescentes de entre 14 y 18 años pueden ser responsabilizados penalmente por determinados delitos. La implementación de la reforma fue celebrada por la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de la iniciativa.
A través de sus redes sociales, Bullrich sostuvo que “no importa la edad” y afirmó: “Si delinquís, las pagás”. La legisladora también aseguró que con la nueva normativa “se terminó la excusa de la edad para delinquir” y cuestionó el sistema anterior, al que vinculó con situaciones de impunidad.
Qué cambia con el nuevo Régimen Penal Juvenil
La reforma reemplaza el esquema de responsabilidad penal vigente y fija la edad de imputabilidad a partir de los 14 años. Los menores de esa edad continúan fuera del régimen penal ordinario.
La normativa establece que la responsabilidad penal juvenil alcanza exclusivamente a personas de 14 a 18 años y contempla distintas respuestas según la gravedad del delito.
Entre sus principales disposiciones, se prohíben las condenas a prisión perpetua para adolescentes y se fija un máximo de 15 años de prisión. La libertad condicional podrá solicitarse luego de cumplir dos tercios de la condena, siempre que se cumplan los requisitos previstos por la ley.
Para determinados delitos, además, se contemplan medidas alternativas a la prisión, como reglas de conducta, amonestaciones, restricciones de acercamiento, reparación del daño, tareas comunitarias y monitoreo electrónico.
Qué dice la ley sobre el alojamiento de adolescentes
El nuevo régimen también establece que los adolescentes no podrán permanecer alojados junto con personas adultas. En caso de disponerse una medida de privación de la libertad, deberán ser derivados a establecimientos especializados, institutos abiertos o cumplir arresto domiciliario, según corresponda.
La legislación también protege la identidad y privacidad de los menores involucrados en causas penales, restringiendo la difusión de imágenes o información que permita identificarlos.
Además, establece la responsabilidad civil de los padres por los daños materiales provocados por delitos cometidos por sus hijos y amplía la participación de las víctimas dentro de los procesos judiciales.
Las dudas por la implementación
La entrada en vigencia del régimen también genera interrogantes en distintos sectores de la Justicia. Una de las principales preocupaciones está relacionada con la capacidad de las provincias para aplicar el nuevo esquema.
Entre los puntos cuestionados aparecen la disponibilidad de establecimientos especializados, la cantidad de profesionales y personal técnico, los dispositivos de monitoreo electrónico y los recursos necesarios para supervisar a los adolescentes.
El régimen cuenta con un presupuesto nacional de más de $23.739 millones para su implementación.
De esta manera, la reforma impulsada por el oficialismo comienza a aplicarse mientras persiste el debate sobre sus efectos y, especialmente, sobre la capacidad del sistema judicial y penitenciario para ponerla en práctica en todo el país.
