Veto total al financiamiento universitario
El gobierno de Javier Milei vetó integralmente la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición Salarial Docente mediante el Decreto 647/2025, rechazando así la iniciativa que el Congreso había sancionado el pasado 21 de agosto. Esta decisión marca un punto de inflexión en el conflicto entre el Ejecutivo y las universidades públicas, y profundiza la tensión con la oposición parlamentaria que había impulsado la norma.
El proyecto vetado buscaba garantizar el sostenimiento financiero de la educación universitaria pública mediante mecanismos concretos: establecía partidas presupuestarias específicas para el programa de Desarrollo de la Educación Superior, incluía la actualización de gastos de funcionamiento según el IPC acumulado de 2024, y destinaba recursos para mejorar condiciones salariales, infraestructura, becas estudiantiles y programas de investigación y extensión universitaria.
El fundamento del veto y sus consecuencias
El veto se fundamenta en la política de control del gasto público que impulsa el gobierno y en la defensa de las facultades del Poder Ejecutivo para administrar los recursos del Estado. Sin embargo, esta medida inevitablemente agravará el conflicto con el sector educativo, que ya venía reclamando por recortes presupuestarios, y abre un nuevo frente de confrontación política en medio de un año marcado por tensiones presupuestarias en el ámbito universitario.
La decisión refleja la consistencia del gobierno en su política de ajuste fiscal priorizando el control del gasto sobre las demandas de financiamiento del sistema universitario público.
