En la antesala de un nuevo aniversario del Golpe de Estado en Argentina de 1976, el Gobierno nacional prepara un discurso centrado en la “reconciliación” y el “cierre de etapas”, una postura que ya genera fuertes cuestionamientos en organismos de derechos humanos y sectores políticos.
Un giro en el enfoque oficial
La Casa Rosada busca instalar una narrativa que deje atrás el eje histórico de memoria, verdad y justicia, con un mensaje orientado a “superar divisiones”. Sin embargo, este cambio de enfoque aparece en tensión con décadas de construcción colectiva en torno al reclamo por los crímenes de la última dictadura.
Distintas voces advierten que hablar de “clausura” en este contexto puede implicar un retroceso simbólico, sobre todo cuando aún hay causas abiertas, juicios en curso y debates pendientes sobre responsabilidades civiles y económicas de aquel período.
Críticas y alertas desde los derechos humanos
Organismos como Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo ya manifestaron su preocupación frente a lo que interpretan como un intento de relativizar el terrorismo de Estado.
Desde estos espacios remarcan que no puede haber reconciliación sin justicia plena, y que el consenso social construido en torno al Nunca Más no es un capítulo cerrado, sino una política activa que debe sostenerse.
En ese marco, el mensaje oficial no solo reabre una discusión sensible, sino que también pone en cuestión el rol del Estado en la preservación de la memoria histórica, en una fecha que, lejos de ser protocolar, sigue siendo profundamente política en la Argentina.
