Ayer a horas de una nueva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional oficializó un recorte de $78.768 millones sobre distintos programas de la Secretaría de Educación, una decisión que vuelve a encender el conflicto con universidades, docentes y estudiantes de todo el país.
La medida fue formalizada mediante la Decisión Administrativa 20/2026 y afecta áreas sensibles como alfabetización, salarios docentes, becas estudiantiles e infraestructura universitaria.
El ajuste más fuerte impactó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que sufrió una poda superior a los $35.000 millones, afectando directamente las transferencias destinadas a las provincias.
Otro de los programas alcanzados fue el Fondo de Compensación Salarial Docente, eliminado con una quita cercana a los $8.930 millones, lo que compromete los mecanismos destinados a equilibrar los salarios mínimos docentes entre jurisdicciones.
También hubo recortes en infraestructura escolar y equipamiento, con una reducción de más de $21.600 millones, mientras que el área de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas perdió fondos que impactan directamente en becas estudiantiles.
Además, la empresa estatal EDUC.AR sufrió una reducción de $48.000 millones en transferencias.
En el sistema universitario, el recorte alcanzó $5.303 millones destinados a obras de infraestructura en universidades nacionales. Entre las más afectadas aparece la Universidad Nacional de La Plata, seguida por la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda.
Según estimaciones del CEPA, el presupuesto universitario acumula una caída real superior al 32% desde 2023, una cifra que profundiza el reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento aprobada por el Congreso.
Mientras desde el Gobierno sostienen que la norma quedó sin efecto tras la aprobación del Presupuesto, desde el sector universitario advierten que el ajuste consolida un fuerte retroceso en el financiamiento de la educación pública.
