En cumplimiento estricto de una orden judicial, el Gobierno nacional, a través de la ANSES, procederá a dar el alta en su sistema a la pensión vitalicia como ex Jefa de Estado de Cristina Kirchner. La medida cautelar dictada por la Cámara Federal de la Seguridad Social obliga al organismo previsional a restablecer de forma provisoria el beneficio previsional a partir del próximo 1 de agosto, tras haber sido dado de baja el año pasado por su condena penal firme en la denominada causa Vialidad.
A la fecha de su reactivación, el haber mensual bruto asignado a la exmandataria ascenderá a la suma exacta de $15.683.154,06. Sin embargo, desde los despachos oficiales confirmaron que el monto efectivamente liquidado en el bolsillo de la beneficiaria será significativamente menor, debido a la aplicación estricta de los descuentos ordinarios de ley y a dos severas retenciones adicionales dispuestas por la administración nacional.
Quita del adicional por zona austral por razones de domicilio
La primera gran poda sobre el haber bruto corresponde a la exclusión total del adicional por zona austral. Este suplemento, destinado históricamente a beneficiarios radicados en las provincias patagónicas, fue denegado de forma taxativa por las autoridades previsoras.
El argumento técnico esgrimido por la ANSES sostiene que la expresidenta no reúne las condiciones geográficas exigidas para percibir dicho plus, dado que se encuentra cumpliendo su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su residencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta forma, el plus por arraigo austral queda suspendido de la liquidación de haberes.
Retención mensual del 20% para el recupero de fondos públicos
Además de la quita geográfica y las deducciones obligatorias por obra social y el Impuesto a las Ganancias, el Gobierno implementará un descuento mensual fijo del 20% sobre el saldo remanente. Esta retención tiene como objetivo central iniciar el proceso de recupero de los fondos públicos que, según el criterio del Estado, fueron percibidos de manera indebida por la exvicepresidenta mientras el beneficio estuvo bajo investigación administrativa.
De acuerdo con las constancias incorporadas formalmente al expediente judicial, la ANSES mantendrá este embargo parcial hasta completar la devolución total de una deuda consolidada que asciende a los $660.052.338,87.
La queja del Estado ante la Corte Suprema de Justicia
A pesar de haber procedido al alta técnica del beneficio para mantenerse a derecho, la ANSES dejó asentado ante los tribunales federales que la disputa no está cerrada. El Poder Ejecutivo ya interpuso un recurso de queja de forma directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firme intención de que el máximo tribunal revoque la medida cautelar de segunda instancia.
La postura oficial del Gobierno se alinea con el reciente dictamen no vinculante emitido por el procurador general interino, Eduardo Casal, quien consideró que una sentencia condenatoria firme por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua resulta jurídicamente incompatible con la continuidad de percepciones y asignaciones previsionales de privilegio. La resolución final de la Corte Suprema definirá el criterio institucional de fondo respecto a este tipo de haberes especiales.
