Organizaciones de la región lanzaron el “Monitor de Defensores de la Tierra”, una herramienta clave para registrar agresiones y visibilizar la violencia ambiental en América Latina y el Caribe.
En un escenario donde defender el territorio puede costar la vida, redes de organizaciones lanzaron una plataforma para romper el silencio: el “Monitor de Defensores de la Tierra”. Esta herramienta busca registrar, sistematizar y visibilizar ataques contra activistas ambientales en la región.
La iniciativa, impulsada por organizaciones indígenas, campesinas y rurales, surge con un objetivo claro: enfrentar la falta de datos oficiales. Entre 2020 y 2025 se registraron 581 ataques en siete países (Argentina, Ecuador, Guatemala, Perú, Chile, Colombia y Honduras) incluyendo amenazas, hostigamientos, desapariciones y asesinatos.
Más allá del relevamiento, la plataforma apunta a construir una mirada regional del problema y aportar herramientas para el autocuidado y la acción colectiva. También permite analizar la respuesta de los Estados, o la falta de ella, frente a estos hechos.
El lanzamiento coincide con el Día Internacional de la Madre Tierra y pone el foco en una deuda pendiente: la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú, que obliga a los países a proteger a defensores ambientales. Sin información clara, advierten, es imposible exigir políticas públicas adecuadas.
Desde la Plataforma de Defensoras y Defensores de la Tierra y el Territorio sostienen que la producción de datos no es neutral: permite visibilizar conflictos, identificar responsables y disputar sentido frente a modelos extractivos que avanzan sobre comunidades.
El informe también revela patrones preocupantes. El acceso al agua aparece como uno de los principales focos de conflicto, mientras que actividades como la minería, el agronegocio y los desalojos ilegales concentran gran parte de las denuncias. Además, más de la mitad de los ataques afectan a pueblos indígenas y territorios ancestrales.
En este contexto, el Monitor de Defensores de la Tierra no solo documenta la violencia, sino que busca fortalecer las luchas territoriales y convertir la información en una herramienta política para incidir en decisiones públicas. Porque visibilizar estos ataques es un paso clave para frenar una problemática creciente en toda América Latina.
