En medio de un escenario económico complejo, el Gobierno de Tucumán oficializó una nueva actualización sobre los impuestos patrimoniales. A través de decretos publicados en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso un incremento en las bases imponibles que impactará de forma directa en lo que pagan los contribuyentes por los tributos Inmobiliario y Automotor durante el tercer trimestre del año.
Las normativas, que llevan la firma del gobernador Osvaldo Jaldo y están refrendadas por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, entraron en vigencia inmediata. Los nuevos valores e topes regirán para el período comprendido entre los meses de julio y septiembre, buscando adecuar la recaudación provincial frente a la caída de los ingresos públicos.
Suba en las valuaciones de propiedades e inmuebles
El esquema de reajuste estipulado por el Decreto N° 1.446 establece un incremento del 9,91% en las valuaciones fiscales de la totalidad de las propiedades ubicadas en el territorio tucumano. Esta medida toma como referencia el valor que estaba vigente durante el segundo trimestre del año.
El incremento se ampara en las facultades vigentes que posee la Dirección General de Catastro para realizar revalúos trimestrales simultáneos. Desde el Palacio de Gobierno argumentaron que el ajuste técnico se realiza sobre la base de informes territoriales precisos, buscando mantener las valuaciones del padrón lo más cerca posible de los precios reales de mercado.
Toque de control para las patentes y rodados
Por otro lado, y mediante el Decreto N° 1.447, la provincia definió las pautas de emisión para el Impuesto a los Automotores y Rodados. En este caso, el Poder Ejecutivo decidió fijar un freno al impacto de la actualización e impuso un tope máximo de aumento del 7,8% con respecto a lo liquidado y abonado por los titulares en el trimestre anterior.
La implementación de este techo busca morigerar el impacto impositivo sobre las patentes, considerando la fuerte devaluación de los activos fijos y la necesidad de sostener los niveles de cobro sin disparar la morosidad de la Dirección General de Rentas (DGR). Desde los sectores vinculados al consumo advierten que, más allá de los topes técnicos, los reajustes continúan sumando presión fiscal fija sobre las economías familiares.
