Un grupo de legisladores opositores presentó en la Legislatura un proyecto para recrear una Fiscalía especializada en investigar delitos de corrupción y criminalidad económica en Tucumán.
La iniciativa propone incorporar al Ministerio Público Fiscal una dependencia permanente, con competencia en toda la provincia, autonomía presupuestaria e independencia funcional. La oficina tendría como objetivo investigar delitos contra las administraciones provincial, municipales y comunales, incluyendo maniobras vinculadas con contrataciones públicas, circuitos financieros y sociedades.
El proyecto fue impulsado por Manuel Courel, con el acompañamiento de José Seleme, Agustín Romano Norri y Ricardo Bussi. La propuesta establece que el fiscal anticorrupción sea seleccionado mediante concurso público y que, entre otros requisitos, no haya ocupado cargos en el Poder Ejecutivo ni haya ejercido como autoridad partidaria.
Además, se plantea crear una figura de querella colectiva, que permitiría a organizaciones vinculadas con la transparencia, legisladores y concejales intervenir como querellantes en causas por corrupción.
Una fiscalía que duró cinco años
Tucumán ya tuvo una Fiscalía Anticorrupción. Fue creada en mayo de 2000 para concentrar las investigaciones contra delitos cometidos en perjuicio de la administración pública, pero dejó de funcionar en septiembre de 2005, cuando la Corte Suprema de Justicia de Tucumán resolvió disolverla.
Desde entonces, las fiscalías de Instrucción de la Capital quedaron habilitadas para investigar también los delitos contra el Estado.
Ahora, más de dos décadas después, la oposición busca recuperar una estructura específica para este tipo de investigaciones. El proyecto deberá obtener dictamen antes de llegar al recinto.
