Alberto Lebbos denunció una «destrucción planificada de pruebas» y apuntó a la pista narco
En el marco de los 20 años del asesinato de su hija Paulina, Alberto Lebbos volvió a arremeter contra el sistema judicial y político de Tucumán. En esta oportunidad, sus declaraciones fueron más allá del encubrimiento policial y apuntaron directamente a una supuesta conexión entre el narcotráfico y los principales sospechosos, puntualmente Sergio Kaleñuk y César Soto.
La hipótesis del vínculo con el narcotráfico
Lebbos sugirió que la falta de avances en ciertas líneas investigativas podría explicarse por «intereses muy pesados» relacionados con el tráfico de drogas. Mencionó que durante el proceso surgieron nombres vinculados a narcotraficantes del norte argentino (específicamente de Aguaray) y planteó que la relación entre Kaleñuk y Soto debe ser analizada bajo esa óptica.
Para el padre de la víctima, el hecho de que el celular de Paulina nunca apareciera, pero se detectara su uso en zonas donde circulaba Kaleñuk, refuerza la sospecha de que el aparato estuvo en su poder para ocultar información comprometedora.
Denuncia de sabotaje técnico
Uno de los puntos más crudos del descargo de Lebbos fue la descripción de lo que llamó una «destrucción planificada de pruebas». Según su testimonio, el manejo de las evidencias técnicas durante años fue negligente de manera intencional:
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Muestras de ADN: Afirmó que permanecieron años en el despacho del exfiscal Carlos Albaca sin ser analizadas, lo que provocó que los resultados finales fueran inconclusos por el deterioro.
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Cabellos y bioquímica: Denunció que restos capilares hallados en el cuerpo de Paulina se echaron a perder bajo custodia judicial.
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Telefonía: Acusó al fiscal Albaca de enviar a las empresas de telefonía números de IMEI alterados para impedir la identificación correcta del celular de su hija.
Críticas a los juicios abreviados
Lebbos calificó como un «escándalo jurídico» la utilización de juicios abreviados para funcionarios públicos acusados de encubrimiento. Se refirió específicamente a las condenas condicionales (que no implican prisión efectiva) otorgadas a exefectivos policiales como Francisco Picón y Raúl Ferreira. Según su visión, estas penas mínimas envían un mensaje de que «encubrir delitos graves sale barato» en la provincia.
Finalmente, Lebbos reflexionó sobre el desgaste social que produjeron estas dos décadas de impunidad. Aunque reconoció que el caso Paulina permitió que la sociedad tucumana perdiera el miedo a manifestarse frente a tribunales, advirtió que el paso del tiempo y el «disciplinamiento colectivo» han retraído parte de ese acompañamiento inicial.
