El oficialismo busca aprobar en diciembre el presupuesto que asigna menos fondos que lo establecido por ley.
El Gobierno nacional destinará $4,8 billones a las Universidades Nacionales en 2026, según el proyecto de Presupuesto que buscará aprobar durante diciembre en sesiones extraordinarias. Sin embargo, esta asignación es rechazada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que exige la aplicación de la ley sancionada por el Congreso y reclama $7,2 billones para cubrir mantenimiento edilicio y recomposición salarial de docentes y no docentes.
La pulseada por el financiamiento universitario
La diferencia entre lo ofrecido por el Ejecutivo y lo solicitado por las universidades supera los $2,4 billones. El conflicto se origina en que el Congreso había sancionado una ley que establecía un mecanismo de actualización progresiva de recursos, pero el Gobierno decidió no aplicarla argumentando que «no se definía de dónde saldrían los recursos».
Diputados aliados al oficialismo no descartan que pueda haber algún incremento durante el tratamiento parlamentario, aunque sin alcanzar los montos reclamados por las casas de estudio.
Mayor control y rendición de gastos
El proyecto presupuestario establece condiciones más estrictas para la transferencia de fondos:
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Las universidades deberán presentar información detallada ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias
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El Ministerio podrá interrumpir las transferencias por incumplimiento en los informes
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Deberán clasificar el gasto en: educación y cultura; salud; y ciencia, tecnología e innovación
Financiamiento educativo: se eliminan pisos legales
El Gobierno también confirma que por tercer año consecutivo no aplicará varias leyes de financiamiento:
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Ley de Financiamiento Docente (6% del PBI)
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Ley de Educación Técnico Profesional (0,2% de ingresos)
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Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, estos pisos de inversión «sólo se alcanzaron en su primer año» o «nunca se cumplieron», por lo que el presupuesto 2026 elimina estos valores de referencia, dejando las asignaciones sujetas únicamente a lo que defina anualmente la ley presupuestaria.
