El oficialismo consiguió ganar tiempo en la Cámara de Diputados y evitó que esta semana avanzara el tratamiento de una eventual interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
La estrategia fue impulsada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien articuló acuerdos con sectores del PRO y la UCR para desactivar la sesión especial convocada por la oposición. La intención era debatir una interpelación e incluso una posible moción de censura contra el funcionario.
Según las proyecciones parlamentarias, la oposición no reuniría los 129 votos necesarios para alcanzar el quórum, por lo que el oficialismo se comprometió a abrir el próximo 30 de junio la Comisión de Asuntos Constitucionales para comenzar a analizar los expedientes vinculados a Adorni.
La jugada beneficia a ambos sectores. Por un lado, La Libertad Avanza logra descomprimir la presión política y judicial. Por otro, los bloques dialoguistas evitan quedar alineados con el kirchnerismo en una votación que podría derivar en una mayor escalada institucional.
Desde Unión por la Patria, en cambio, cuestionaron la decisión y la calificaron como una «maniobra dilatoria» destinada a proteger al jefe de Gabinete.
El Senado, una preocupación para el Gobierno
Mientras Diputados busca llevar la discusión al ámbito de las comisiones, en el Senado el escenario aparece más complejo para la Casa Rosada. Allí tomó fuerza la interpretación de que una interpelación puede aprobarse por mayoría absoluta, sin necesidad de contar con un dictamen previo.
Incluso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó ese criterio, lo que aceleró los tiempos legislativos y encendió las alarmas en el Gobierno nacional.
En ese contexto, la Cámara alta prevé avanzar este jueves con una votación para convocar a Adorni a una interpelación fijada para el 2 de julio. El resultado de esa instancia será clave para determinar si la oposición impulsa posteriormente una moción de censura.
Con este escenario, Martín Menem apuesta a trasladar la discusión a las comisiones y estirar los plazos, mientras el Ejecutivo intenta contener una crisis política que amenaza con profundizarse.
