El Gobierno nacional oficializó una modificación de la Ley de Migraciones que habilita al Estado a impedir el ingreso o expulsar del país a extranjeros que promuevan discursos de odio o inciten a la violencia contra la Argentina, su población o sus símbolos patrios. La medida fue establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026 y entrará en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial.
La reforma incorpora una nueva causal de inadmisión para personas extranjeras que emitan expresiones, ya sean orales o escritas, consideradas como incitación al odio o a la violencia por motivos vinculados con la nacionalidad argentina o que impliquen agravios a los símbolos nacionales. Además, autoriza a la Dirección Nacional de Migraciones a revocar residencias previamente otorgadas cuando se verifique este tipo de conductas, lo que podría derivar en la expulsión del país.
Desde la Casa Rosada aclararon que la norma no alcanza a las opiniones políticas, ideológicas, académicas o al disenso democrático, y sostuvieron que el objetivo es sancionar únicamente aquellas manifestaciones que promuevan la violencia o afecten la convivencia social. Según los fundamentos del decreto, la modificación busca reforzar las herramientas del Estado para preservar el orden público y la seguridad.
En los considerandos del DNU, el Ejecutivo argumentó que en los últimos tiempos se registró un aumento de expresiones hostiles contra la Argentina y los argentinos, situación que, a su criterio, justifica el endurecimiento de la política migratoria. Para respaldar la decisión, el Gobierno también citó jurisprudencia de la Corte Suprema que reconoce la facultad soberana del Estado para establecer las condiciones de ingreso y permanencia de ciudadanos extranjeros.
El decreto deberá ahora ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que evaluará su validez antes de que ambas cámaras del Congreso se pronuncien sobre su aprobación o rechazo. Mientras tanto, la nueva normativa ya genera debate entre especialistas en derecho migratorio y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, que anticiparon que seguirán de cerca su implementación y el alcance que tendrá en la práctica.
