La Cámara de Diputados retoma el debate por la prórroga de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, cuya vigencia actual finaliza el 31 de diciembre. El objetivo es definir si el régimen continuará durante 2027 y bajo qué condiciones.
Este miércoles 16 de septiembre, las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda realizarán una primera reunión informativa a partir de las 12. El próximo encuentro, previsto para el miércoles 23, estará destinado a avanzar con el dictamen.
Uno de los principales reclamos de prestadores, instituciones y organizaciones del sector está relacionado con la actualización de los aranceles. La legislación vigente establece que los valores deben actualizarse mensualmente de acuerdo con la inflación, pero esa actualización se encuentra atrasada desde 2024. Según lo informado, la deuda acumulada en compensaciones supera los $340.000 millones.
A este escenario se suma que los pagos a prestadores pueden concretarse entre 30 y 90 días después de la facturación, una situación que afecta el funcionamiento de instituciones, servicios de transporte y tratamientos.
Qué propone el Gobierno en el Presupuesto 2027
El debate legislativo tomó una nueva dimensión luego de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027.
La iniciativa plantea eliminar el artículo 7 bis de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que establece la actualización automática y mensual de los pagos a prestadores en función del IPC.
El proyecto también propone modificar el esquema de valores, permitiendo que cada obra social o empresa de medicina prepaga determine sus propios aranceles a partir de un mínimo establecido, en lugar de mantener un nomenclador con valores uniformes.
Qué pasaría si se prorroga la emergencia
Si el Congreso aprueba la prórroga, la emergencia en discapacidad se extendería durante 2027 y el sistema mantendría el marco legal vigente una vez que termine el plazo actual.
Entre sus principales efectos se encuentran:
- Continuaría la actualización de los pagos a prestadores prevista por la normativa.
- Se mantendría el financiamiento de las prestaciones básicas y los mecanismos destinados a compensar las deudas con prestadores.
- Seguiría funcionando la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) bajo este marco de emergencia.
- Las personas con discapacidad podrían percibir una pensión y, al mismo tiempo, acceder a un empleo registrado, según las condiciones previstas.
- La continuidad de la norma busca evitar mayores dificultades para sostener tratamientos, transporte e instituciones vinculadas al sistema de discapacidad.
El punto central de la discusión será, entonces, si el Congreso extiende la emergencia con las condiciones actuales y cómo se compatibilizará esa decisión con las modificaciones que el Poder Ejecutivo incorporó al proyecto de Presupuesto 2027.
