Crece la polémica en el Gobierno
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado atraviesa días complicados: a los cuestionamientos políticos dentro del propio oficialismo se sumaron presentaciones judiciales vinculadas a un contrato que involucra a su entorno cercano. El caso ya genera ruido en la Casa Rosada y abre un nuevo frente de conflicto para el Gobierno.
El contrato que desató el escándalo
La polémica se originó a partir de la contratación de un servicio de capacitación en inglés para la Cancillería, adjudicado a una entidad en la que participa la esposa del funcionario. La situación encendió alarmas por un posible conflicto de intereses y por presuntas irregularidades en los mecanismos de transparencia exigidos por normativa vigente.
Incluso se presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue si hubo incumplimientos en la publicación obligatoria de información ante la Oficina Anticorrupción, un punto clave en el procedimiento administrativo.
Repercusiones políticas
Desde la oposición ya anticiparon acciones judiciales y cuestionamientos públicos. La senadora Juliana Di Tullio fue una de las voces que adelantó que avanzará con denuncias, lo que incrementa la presión sobre el ministro en medio del clima político tenso.
Pero las críticas no se limitan al arco opositor: dentro del propio Gobierno también surgieron reproches, especialmente por decisiones recientes que generaron malestar en sectores del oficialismo.
Malestar puertas adentro
Según trascendió, algunos funcionarios le atribuyen al ministro haber instalado debates incómodos dentro de la agenda oficial, lo que profundizó diferencias internas. A esto se sumó la filtración de documentación que dejó al descubierto detalles sensibles del caso y agravó la situación política.
Por ahora, el escenario sigue abierto: la investigación judicial recién comienza y el impacto político dependerá de cómo evolucione la causa en las próximas semanas.
