La causa por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, la joven de 25 años encontrada sin vida en un descampado de Manantial Sur, tuvo en las últimas horas un avance clave: fue detenido Felipe Sosa, conocido como “El Militar”, señalado como el principal acusado del crimen.
La detención marca una nueva etapa en una investigación que desde el inicio estuvo atravesada por la crudeza de la escena y por interrogantes que exceden lo policial. El cuerpo de Érika había sido hallado dentro de una bolsa, descartado como si fuera un residuo, una forma extrema de violencia que no puede leerse por fuera de una lógica de disciplinamiento y deshumanización de los cuerpos de mujeres.
Quién es el acusado y qué se investiga
Sosa fue capturado fuera de la provincia tras permanecer prófugo y será trasladado a Tucumán para ser indagado por la Justicia. De acuerdo a la investigación, mantenía un vínculo cercano con la víctima y su perfil genera preocupación entre los investigadores por su formación y antecedentes laborales ligados al ámbito de la seguridad.
La fiscalía analiza distintas líneas en paralelo: desde la dinámica de la relación previa hasta posibles conexiones con entornos atravesados por economías ilegales. La hipótesis de vínculos con el narcotráfico forma parte del expediente, aunque aún resta determinar su peso real en el crimen y si existió la participación de otras personas.
La autopsia confirmó que Érika murió como consecuencia de un traumatismo grave, lo que refuerza la hipótesis de un ataque violento previo al abandono del cuerpo.
Un femicidio que interpela más allá del expediente
Si bien la detención del acusado representa un paso importante, el femicidio de Érika no se agota en la identificación de un responsable individual. La forma en que su cuerpo fue descartado construye un mensaje social: no sólo se mata, también se busca borrar, humillar, convertir a la víctima en desecho.
Este caso vuelve a exponer cómo la violencia machista opera con especial crudeza sobre mujeres jóvenes en contextos de vulnerabilidad, donde la ausencia de políticas de cuidado y prevención profundiza los riesgos.
Nombrar lo ocurrido como femicidio no es un gesto simbólico. Es reconocer que se trata de una violencia estructural que se repite, que encuentra condiciones para existir y que exige respuestas integrales del Estado, más allá del avance puntual de una causa judicial.
Con el traslado del acusado a Tucumán, se esperan nuevas indagatorias y definiciones clave en la causa. Mientras tanto, el femicidio de Érika Álvarez sigue interpelando a la sociedad tucumana: no sólo por la necesidad de justicia, sino por la urgencia de revisar las condiciones que permiten que estas violencias sigan ocurriendo.
