Una agenda recargada en pleno receso
En medio del receso parlamentario, el Gobierno nacional decidió forzar el pulso del Congreso y convocó a sesiones extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero. La decisión no es neutra: el oficialismo vuelve a poner sobre la mesa los proyectos más resistidos de su programa, con la reforma laboral y los cambios en la Ley de Glaciares como ejes centrales.
La convocatoria, formalizada por decreto, deja en claro la intención de avanzar rápido y con un temario cerrado, sin margen para incorporar debates que incomoden a la Casa Rosada. El mensaje es claro: febrero será un mes de definiciones, con el Congreso funcionando como escenario de una disputa política de fondo.
Reforma laboral y glaciares: el núcleo del conflicto
La reforma de la Ley de Glaciares busca modificar los criterios de protección ambiental y transferir a las provincias la definición sobre las zonas a preservar. Detrás del cambio, asoma el interés por habilitar explotaciones mineras en áreas hasta ahora protegidas, una decisión que ya encendió alarmas en sectores científicos, ambientales y académicos.
En paralelo, el Gobierno insiste con la reforma laboral, una iniciativa que apunta a recortar derechos de los trabajadores y que quedó en pausa tras la movilización sindical de diciembre. Lejos de retroceder, el Ejecutivo apuesta a reactivar el proyecto y asume el costo político de reabrir un frente de conflicto con los gremios en pleno verano.
Ambas iniciativas avanzaron a fines de 2025 gracias a acuerdos parlamentarios con aliados circunstanciales, pero el escenario sigue siendo frágil y anticipa un Congreso atravesado por tensiones y negociaciones contrarreloj.
Libre comercio y premios políticos
La agenda de extraordinarias se completa con el tratamiento del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, presentado por el Gobierno como una oportunidad histórica, pero cuestionado por su impacto sobre la producción regional y el riesgo de profundizar un modelo económico primarizado.
Como cierre, el oficialismo incluyó la designación de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea, una decisión que vuelve a exponer las contradicciones del discurso anticasta: un dirigente sin trayectoria diplomática que suma un nuevo cargo en el exterior por su cercanía política con el Presidente.
Con esta jugada, el Gobierno busca avanzar con su programa antes del inicio de las sesiones ordinarias. El costo, sin embargo, promete sentirse dentro y fuera del Congreso, en un febrero que se anticipa cargado de tensión política y social.
