Qué dice el nuevo régimen
El Ejecutivo nacional estableció mediante una resolución que civiles —y entidades de tiro— puedan acceder a fusiles semiautomáticos, carabinas o subametralladoras de asalto derivados de armas militares.
Para solicitar la autorización, los usuarios deben acreditar al menos cinco años como “legítimos usuarios”, presentar declaración jurada, disponer de un lugar de guarda homologado y carecer de antecedentes o sanciones. El trámite está sujeto al pago de una tasa, y se enmarca en lo que las autoridades definen como “ordenar y transparentar” la tenencia de estos materiales considerado de “uso condicional”.
¿Qué preocupaciones despierta esta medida?
Organizaciones que promueven el desarme advertieron que la norma abre la puerta a una mayor letalidad en conflictos violentos y un posible aumento de tiroteos.
Según especialistas, lo que antes requería fuente militar o contrabando ahora puede encontrarse en manos civiles, ampliando los riesgos de forma sustancial.
También se señala el antecedente de Brasil bajo Jair Bolsonaro, donde la liberalización del acceso a armas se relacionó con un aumento de femicidios y tiroteos en espacios públicos.
¿Qué significa para la política de armas y para la sociedad?
Este cambio se inserta en un marco de flexibilización más amplio de la tenencia de armas impulsado por el gobierno.
Por un lado, el gobierno afirma responder al interés de “legítimos usuarios deportivos” y busca registrar y regular un mercado hasta ahora algo difuso. Pero, por otro, críticos advierten que no hay garantías suficientes para evitar la transferencia de esas armas a redes criminales.
El impacto en la convivencia ciudadana, la seguridad urbana y los patrones de violencia es un interrogante abierto: ¿se intensificarán los homicidios o los enfrentamientos armados relacionados con accesos más amplios a armas pesadas?
