Las leyes se promulgan pero no se aplican: el freno del Ejecutivo
En un movimiento que genera fuerte controversia, el Gobierno promulgó pero suspendió la aplicación de dos leyes clave: la de Financiamiento Universitario y la de Emergencia Pediátrica. Aunque ambas fueron aprobadas por el Congreso y publicadas en el Boletín Oficial, no entrarán en vigencia hasta que se asignen los fondos necesarios en el presupuesto. La decisión fue oficializada mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, argumentando el «elevado impacto fiscal» que representan.
El costo millonario que aleja su implementación
Las cifras que esgrime el Ejecutivo son contundentes: la ley universitaria requeriría más de un billón de pesos para 2025, duplicándose al año siguiente. Por su parte, la Emergencia Pediátrica necesitaría al menos $196.270 millones. El Gobierno sostiene que ninguna de las leyes especifica claramente el origen de los fondos, violando la Ley de Administración Financiera. Por esto, quedarán congeladas hasta que se apruebe un nuevo presupuesto con las partidas correspondientes.
Respuesta inmediata: paro nacional docente
La medida no pasó desapercibida. Los gremios universitarios respondieron con un paro nacional de 48 horas este martes y miércoles, denunciando que la situación en las universidades es «sumamente grave». Carlos De Feo, secretario general de Conadu, afirmó que «la falta de diálogo y la negación de paritarias universitarias desde hace un año nos obliga a fortalecer la organización y los planes de lucha». Las protestas incluyen clases públicas y movilizaciones en todo el país.
