En 2024, una niña de 12 años víctima de abuso sexual intrafamiliar ingresó al Hospital Avellaneda para acceder a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Contaba con el consentimiento informado firmado y todo estaba listo para realizar el procedimiento. Sin embargo, parte del personal intentó convencerla de continuar con la gestación, incluso ofreciéndole una vivienda a su madre, quien atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad.
La Defensoría Oficial de Menores denunció la maniobra y, tras la investigación judicial, se inició una causa penal. La entonces subdirectora del hospital quedó imputada por su presunta participación. Finalmente, la niña fue obligada a continuar con el embarazo y dar a luz; el recién nacido falleció pocos días después.
Una medida inédita: capacitación como reparación comunitaria
Como parte de la reparación comunitaria dictada en el expediente judicial, el hospital realizará una jornada obligatoria de capacitación en atención integral de ILE e IVE. La formación cuenta con el aval del SIPROSA y representa un hecho sin precedentes en el país, ya que es la primera vez que se investiga penalmente la obstrucción de un aborto legal.
La capacitación estará a cargo de profesionales del ámbito sanitario y jurídico, entre ellos integrantes de la Fundación Mujeres x Mujeres (MxM), que actuó como querellante y acompañó jurídicamente a la niña.
Qué busca esta capacitación
El objetivo principal es que el personal del hospital conozca y respete la normativa vigente sobre ILE e IVE, garantizando su cumplimiento sin obstáculos ni interpretaciones restrictivas. La prioridad es asegurar que estos procedimientos se realicen de manera inmediata y adecuada, especialmente en casos que involucran a niñas y adolescentes.
La formación también procura evitar nuevas situaciones de revictimización. Quienes llegan al sistema de salud luego de atravesar violencias deben recibir un trato cuidadoso, una escucha activa y un acompañamiento que proteja su integridad física y emocional.
A su vez, el caso dejó en evidencia la necesidad de transformar prácticas institucionales arraigadas. La capacitación busca instalar una perspectiva de derechos, de género y de atención libre de violencias, promoviendo cambios reales en la cultura hospitalaria.
Un precedente para el sistema de salud
Este caso marca un antes y un después: por primera vez se sanciona judicialmente la obstrucción de un aborto legal. Al mismo tiempo, plantea el desafío de que las sanciones no se limiten a lo punitivo, sino que impulsen transformaciones concretas en la atención sanitaria. Si la capacitación logra su objetivo, podría convertirse en un modelo replicable en otros centros de salud del país.
