El Gobierno de Tucumán avanzó con una política de “tolerancia cero” frente a las amenazas en escuelas y habilitó medidas más duras contra estudiantes involucrados en hechos de violencia o intimidación. La decisión, impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo, abre un fuerte debate sobre sus consecuencias en el ámbito educativo y social.
Seguridad o castigo: el foco de la polémica
El decreto surge tras una serie de amenazas que generaron preocupación en la comunidad educativa. Sin embargo, la respuesta oficial —que incluye sanciones más severas, presencia policial y posibles expulsiones— pone el acento en el castigo antes que en la prevención.
Especialistas advierten que este tipo de medidas puede ser contraproducente si no se acompaña de políticas integrales. El riesgo es claro: criminalizar conductas juveniles sin abordar las causas de fondo, como problemas de salud mental, conflictos sociales o entornos familiares complejos.
Además, trasladar la lógica de seguridad al espacio escolar podría tensionar aún más el vínculo entre estudiantes y las instituciones, transformando a la escuela en un lugar de control más que de contención.
Traslados a Benjamín Paz: una línea delicada
Uno de los puntos más cuestionados es la posibilidad de derivar a menores a un instituto en Benjamín Paz, previa intervención judicial. Si bien se plantea como un recurso excepcional, la medida despierta interrogantes sobre sus efectos reales.
El traslado a un espacio de encierro, aunque tenga un enfoque socioeducativo, puede profundizar la estigmatización de los jóvenes y dificultar su reinserción. Distintos sectores señalan que este tipo de decisiones deberían ser el último recurso, no una respuesta central frente a conflictos escolares.
En ese sentido, el debate no pasa solo por la seguridad, sino por el modelo de abordaje: si se prioriza una mirada punitiva o una estrategia que combine prevención, acompañamiento y educación.
