La Justicia de Bolivia emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, a quien investiga por su presunta participación en la organización e impulso de las protestas contra el presidente boliviano, en un nuevo capítulo de la crisis política que atraviesa el país.
La decisión judicial se produce en medio de un clima de fuerte tensión entre el gobierno y los sectores afines al exmandatario, que en las últimas semanas protagonizaron movilizaciones, bloqueos de rutas y manifestaciones en distintos puntos del territorio boliviano.
Según la investigación, las autoridades buscan determinar el grado de responsabilidad de Morales en la planificación y el financiamiento de las protestas, mientras la Fiscalía avanza con distintas medidas para esclarecer los hechos.
Desde el entorno del exmandatario rechazaron las acusaciones y denunciaron que la orden de captura responde a una persecución política destinada a impedir su participación en la vida pública y debilitar a la oposición.
El gobierno, por su parte, defendió el accionar de la Justicia y sostuvo que todas las personas involucradas en hechos que alteren el orden público deben responder ante los tribunales, independientemente de su trayectoria política.
La medida profundiza la fractura dentro del oficialismo boliviano, marcada desde hace tiempo por la disputa entre el presidente y el sector que continúa respondiendo a Evo Morales, una división que ha generado crecientes dificultades para la gobernabilidad.
Analistas consideran que la orden de captura podría aumentar la conflictividad social y política, especialmente si los seguidores del expresidente convocan nuevas movilizaciones en rechazo a la decisión judicial.
Con este escenario, Bolivia enfrenta una nueva etapa de incertidumbre institucional, mientras la crisis entre el gobierno y el liderazgo histórico del Movimiento al Socialismo (MAS) continúa redefiniendo el mapa político del país.
