La trama que convirtió un medicamento en arma altamente peligrosa

Lo que comenzó como una crisis por fentanilo contaminado terminó destapando una red de desvío sistemático desde hospitales al mercado negro. La Justicia investiga cómo ampollas de uso médico terminaron en la calle, dejando al menos 96 muertos y exponiendo fallas gravísimas en el control de medicamentos. Labotorios, enfermeros y visitadores médicos aparecen como eslabones clave de una trama que operaba con impunidad.

El modus operandi era alarmante por su simpleza: facturas sin número de lote, trazabilidad inexistente y documentación adulterada. El laboratorio HLB Pharma, propiedad de Ariel García Furfaro, está en el ojo de la tormenta. Según la fiscal Laura Roteta, lotes enteros como el 30366 (producido en 2021) fueron sacados del circuito legal y vendidos clandestinamente. Interceptaciones revelaron envíos por mensajería y hasta encomiendas, con operativos que encontraron cajas con 100 dosis fuera de cualquier control.

Cronología de un desvío que pudo evitarse

Los casos se multiplicaron en los últimos tres años, mostrando un patrón constante:

  • Feb 2022: 24 muertes en BS AS por cocaína mezclada con carfentanilo.

  • Mayo 2022: Enfermero del Hospital de Clínicas detenido con fármacos robados.

  • Julio 2023: Gendarmería secuestró 500 ampollas en Posadas.

  • 2024: Bandas desbaratadas en Chacarita y Quilmes, con sellos médicos falsos y recetas truchas.

  • Mayo 2024: Cocaína con fentanilo detectada en Glew.

  • Julio 2025: Caída de una banda con nexos en múltiples provincias, desde Misiones.

El tráfico incluso cruzó fronteras, con intentos de contrabando a Chile e incautaciones en Clorinda que sumaban más de 500 ampollas e identidades falsas.

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La pregunta que queda flotando es ¿cómo pudo pasar esto? La ANMAT ya había detectado irregularidades graves que violaban todas las buenas prácticas. La falta de un sistema de monitoreo efectivo permitió que lotes enteros desaparecieran. Mientras la Justicia define la situación de los 17 imputados, el Estado apura un sistema digital de trazabilidad. Pero el temor sigue latente: ¿cuántas ampollas más circulan sin control?