El Parlamento Europeo dio un nuevo paso hacia el endurecimiento de las políticas migratorias al respaldar una propuesta que habilita la creación de “centros de retorno” para migrantes en situación irregular fuera del territorio de la Unión Europea.
La iniciativa recibió 389 votos a favor y 206 en contra, y todavía deberá superar nuevas instancias antes de su aprobación definitiva. El proyecto cuenta con el apoyo de sectores de centroderecha y ultraderecha, que buscan unificar las normas migratorias entre los 27 países miembros.
Uno de los puntos más controvertidos es la posibilidad de trasladar a países terceros a las personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas. Estos centros funcionarían mediante acuerdos con los Estados receptores y, según el texto, deberán garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos.
La reforma también contempla una Orden de Retorno Europea, válida en todo el espacio Schengen, para evitar que una persona con orden de expulsión reinicie el trámite en otro país del bloque. Además, se endurecen las sanciones para quienes no abandonen el territorio comunitario, con prohibiciones de ingreso de hasta diez años.
El proyecto excluye de estos mecanismos a menores no acompañados y familias con hijos, y mantiene el principio de no devolución, así como el derecho a la asistencia legal.
Sin embargo, organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos cuestionaron la medida. El Comité Internacional de Rescate (IRC) advirtió que estos centros podrían convertirse en “agujeros negros legales”, debido a las dificultades para supervisar el respeto de los derechos de las personas trasladadas.
Mientras países como Dinamarca, Austria, Grecia, Alemania y Países Bajos exploran acuerdos con terceros Estados, Francia y España mantienen reparos sobre la eficacia del sistema. El debate sobre la política migratoria europea continúa generando divisiones tanto entre los gobiernos como en la sociedad civil.
