El presidente Javier Milei salió a respaldar por primera vez de manera pública la decisión del Gobierno nacional de retirar el pliego de María Verónica Michelli, candidata propuesta para ocupar un cargo en el Tribunal Oral Federal Criminal N°3 de La Plata. La postura del mandatario se conoció a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje que argumenta que la medida se encuentra dentro de las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.
La controversia se había instalado en las últimas semanas luego de que la Casa Rosada resolviera dar marcha atrás con la postulación de la magistrada cuando el proceso legislativo ya había avanzado en el Senado. La decisión generó cuestionamientos tanto de sectores de la oposición como de referentes políticos que habían acompañado originalmente la nominación.
En el mensaje difundido por Milei se sostiene que el Presidente tiene la facultad de retirar un pliego mientras el nombramiento no haya sido aprobado definitivamente por la Cámara alta. Desde esa perspectiva, el Ejecutivo considera que la decisión no implica una irregularidad institucional, sino el ejercicio de una potestad contemplada por el sistema constitucional argentino.
El caso tomó relevancia política porque Michelli ya había obtenido dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos del Senado, un paso clave dentro del procedimiento de designación de jueces. Por ese motivo, el retiro de la candidatura despertó interrogantes acerca de las razones que llevaron al Gobierno a modificar su posición cuando el trámite se encontraba avanzado.
Durante varios días, el Ejecutivo evitó brindar explicaciones detalladas sobre los motivos de la medida. Recién con la intervención pública del Presidente comenzó a conocerse la estrategia oficial para justificar la decisión, centrada principalmente en la defensa de las atribuciones presidenciales en materia de nombramientos judiciales.
La situación también expuso diferencias dentro del propio espacio oficialista. Una de las voces que marcó distancia fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien manifestó públicamente que no comparte la decisión de retirar el pliego. La funcionaria sostuvo que mantiene una valoración positiva sobre la trayectoria de Michelli y anticipó que no acompañará el intento de frenar su designación.
Las declaraciones de Bullrich evidenciaron una posición distinta a la adoptada por la Casa Rosada y sumaron un nuevo capítulo a una discusión que excede el caso puntual de la magistrada. En el trasfondo aparece el debate sobre los mecanismos de designación de jueces y el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo una vez iniciado el proceso parlamentario.
Mientras tanto, el Gobierno busca cerrar la polémica insistiendo en que actuó dentro del marco legal vigente. Sin embargo, la controversia continúa generando repercusiones en el ámbito político y judicial, donde distintos sectores siguen reclamando mayores precisiones sobre las razones que motivaron el retiro de la candidatura.
El episodio se produce en un contexto de alta sensibilidad institucional, en el que las designaciones judiciales mantienen una fuerte centralidad dentro de la agenda política nacional. Por eso, la decisión de retirar el pliego de Michelli no solo abrió una discusión jurídica sobre las facultades presidenciales, sino que también reavivó tensiones dentro del oficialismo y entre el Gobierno y la oposición.
