Una reacción política extrema para silenciar filtraciones
El gobierno de Javier Milei lanzó una ofensiva sin precedentes: denuncias penales y civiles contra periodistas y abogados, argumentando que todo sería parte de un complot orchestrado por el kirchnerismo con supuesta participación de actores como Rusia, Venezuela, Bolivia e incluso AFA. El objetivo parece claro: cortar de raíz la difusión de audios que comprometen a figuras como Karina Milei y Diego Spagnuolo.
Juez bajo la lupa y libertad de prensa en jaque
El juez Alejandro Maraniello, quien ya enfrenta varias denuncias –incluso por abuso y acoso sexual– aceptó una cautelar que prohíbe la difusión de cualquier audio relacionado con funcionarios, exfuncionarios o la misma Karina Milei. La medida ha generado preocupación y críticas por su posible uso político más que judicial.
Contexto electoral y estrategia de contención
Esta situación coincide con el desplome en las encuestas y la contundente derrota en Corrientes, donde “La Libertad Avanza” quedó en cuarto lugar. El impulso parece venir desde la Casa Rosada para frenar la profundización del escándalo en medio de una elección clave en provincia de Buenos Aires. La denuncia fue presentada por Fernando Soto, mano derecha de Patricia Bullrich, y rápidamente respaldada y retuiteada por el presidente.
Alternativas y críticas que se multiplican
Para muchos opositores y figuras mediáticas, todo esto representa un paso peligroso hacia la censura y el autoritarismo. Jorge Rial, por ejemplo, calificó la medida como un indicio de un “régimen totalitario”. Se suma así una creciente preocupación sobre el uso de la justicia como herramienta de control frente a las filtraciones de corrupción.
En definitiva, lo que parecía un escándalo de audios y coimas se convirtió en una batalla política por el control narrativo. La acción legal contra los medios y el freno judicial a las filtraciones son señales de alarma para la libertad de expresión.
