El Gobierno nacional oficializó cambios en el mecanismo de designación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y eliminó instancias de participación ciudadana que regían desde 2003. La medida fue establecida mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Qué cambia en la elección de los jueces
La nueva normativa deja sin efecto el procedimiento que permitía la publicación de antecedentes de los candidatos y la presentación de observaciones por parte de ciudadanos y organizaciones civiles. Además, ya no será obligatorio que los postulantes expongan información sobre sus bienes, actividades profesionales o vínculos societarios.
Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es «simplificar y modernizar» el proceso, evitando instancias administrativas que consideran redundantes.
Menos requisitos y cambios en los criterios de selección
Otra de las modificaciones elimina las recomendaciones para que el Poder Ejecutivo contemple criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y representación federal al momento de proponer candidatos para el máximo tribunal.
Asimismo, las postulaciones dejarán de difundirse en medios de alcance nacional y pasarán a publicarse únicamente en la página web del Ministerio de Justicia.
El impacto alcanza a otros cargos judiciales
Los cambios no solo afectan a la Corte Suprema. El decreto también modifica las reglas para la designación del Procurador General de la Nación, el Defensor General y los magistrados de los tribunales federales inferiores.
La normativa original había sido impulsada en 2003 durante la presidencia de Néstor Kirchner, con el objetivo de dotar de mayor transparencia al proceso de selección de jueces. Desde entonces, solo los gobiernos de Mauricio Macri y de Javier Milei se apartaron de ese esquema en distintas oportunidades.
