El Gobierno del presidente Javier Milei profundizó su política de ajuste fiscal con dos vetos totales de alto impacto social: la Ley de Emergencia Pediátrica para el Hospital Garrahan y la Ley de Financiamiento Universitario. Ambas decisiones, publicadas este viernes en el Boletín Oficial, fueron justificadas bajo el argumento de preservar el «equilibrio fiscal» y evitar un «aumento desmedido e irresponsable del gasto público».
Mientras tanto, la Casa Rosada postergó para última hora del viernes la definición sobre la Ley de Redistribución Automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos vitales para los gobernadores. Esta dilación ocurre en un contexto de reacomodamiento político tras la contundente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y la búsqueda de un nuevo diálogo con las provincias.
Los argumentos del veto: el costo fiscal como eje central
El decreto que veta la Ley de Emergencia Pediátrica lleva las firmas del Presidente y de todo su gabinete. Los fundamentos son técnicos y duros, apuntando directamente al costo económico de la norma:
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Impacto Fiscal Directo: El Gobierno calculó un «impacto fiscal directo» de $115.030.000.000 para financiar la recomposición salarial que establecía la ley.
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Desfinanciación de Programas: Se argumenta que, al no tener financiamiento genuino, su implementación forzaría a usar fondos de otras partidas del Ministerio de Salud y reservas para contingencias, lo que «inevitablemente conduciría a la desfinanciación de programas sanitarios vigentes».
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Comparaciones Elocuentes: Para dimensionar el monto, el Ejecutivo lo equiparó a «un tercio del calendario total de vacunas», «tres veces el crédito destinado para políticas de cobertura en VIH, lepra, tuberculosis, ITS y hepatitis virales» o al «financiamiento de un año y medio» de la DINADIC.
El texto del veto es contundente: «Nuevamente, el Congreso pretende impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal».
Tensión con los gobernadores: ATN en la mira y búsqueda de diálogo
Los vetos se dan en un momento de extrema fragilidad política para el oficialismo, luego de la derrota por 13 puntos en Buenos Aires. Frente a este escenario, la Casa Rosada intenta rearmar su estrategia de relacionamiento con las provincias:
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Se designó a Guillermo Francos para que encabece una nueva mesa de diálogo con los gobernadores aliados.
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La llegada de Lisandro Catalán al Ministerio del Interior es leída como una señal para las provincias.
Sin embargo, los mandatarios provinciales, agrupados en la alianza de Provincias Unidas, se sienten fortalecidos y esperan gestos concretos y negociación. La posibilidad de que Milei también vete la ley de ATN genera una profunda incertidumbre y podría frustrar cualquier intento de acercamiento. Según supo Noticias Argentinas, esta medida ya genera preocupación entre los gobernadores.
La postura inquebrantable: «No nos moveremos ni un milímetro»
A pesar de la presión política y la derrota electoral, el Presidente reaffirmó su postura intransigente frente a cualquier iniciativa que implique gasto. A través de su cuenta de X, Milei fue claro: «No nos moveremos ni un milímetro del programa económico: equilibrio fiscal, mercado monetario ajustado y, en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando».
Esta reafirmación deja en claro que, si bien podrían buscarse acuerdos políticos, la ortodoxia económica y el ajuste fiscal permanecen como pilares non negociables de su gestión, una postura que, según admiten, ya genera «ruidos internos» sobre la necesidad de mostrar mayor flexibilidad.
