El presidente Javier Milei oficializó el veto a tres leyes aprobadas el pasado 10 de julio por el Congreso, según se publicó en el Boletín Oficial. Las normativas, que contaban con amplio respaldo legislativo, buscaban otorgar un aumento del 7,2% a jubilaciones y pensiones, reinstalar la moratoria previsional por dos años y declarar la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026.
La decisión, plasmada en el Decreto 534/2025, firmado por Milei y nueve ministros, argumenta que las leyes carecen de financiamiento y se aprobaron bajo “presión electoral” con “irregularidades” en el proceso legislativo. El impacto económico de estas medidas, según cálculos oficiales, habría significado un aumento del gasto público del 1,68% del PBI para jubilaciones, además de $2 billones en 2025 y $4,7 billones en 2026 para el sistema de discapacidad.
Milei ya había adelantado su postura en la Bolsa de Comercio, afirmando: “La política del superávit fiscal es permanente”.
¿Qué leyes quedaron en el camino?
Las normativas vetadas incluían propuestas de peso: Jubilaciones: Un ajuste del 7,2% en todos los haberes (excepto regímenes especiales), un bono previsional que subía de $70.000 a $110.000 con actualización por inflación y transferencias a cajas previsionales provinciales.
Moratoria previsional: Reinstalaba por dos años el Plan de Pago de Deuda Previsional, facilitando el acceso a jubilaciones sin los 30 años de aportes y flexibilizando la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Discapacidad: Declaraba la emergencia nacional hasta 2026, creaba una pensión no contributiva compatible con el trabajo formal y establecía actualizaciones automáticas para prestadores del sistema.
La decisión de Milei no solo frena estas iniciativas, sino que también pone a prueba la dinámica política en el Congreso, donde el oficialismo confía en bloquear cualquier intento de revertir el veto.
Tensión en el Congreso y negociaciones en marcha
La próxima sesión en Diputados, prevista para este miércoles, será decisiva. La Libertad Avanza apuesta a reunir más de 80 votos para sostener el veto, evitando que la oposición alcance los dos tercios necesarios para insistir con las leyes. Además, la agenda parlamentaria abordará temas sensibles como el financiamiento universitario, la emergencia del Hospital Garrahan y el sistema científico nacional. En paralelo, la Casa Rosada busca calmar las aguas con los gobernadores, ofreciendo repartir parte de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para aliviar tensiones por la coparticipación del impuesto a los combustibles y la quita de fondos fiduciarios. Sin embargo, el monto aún no está definido, y las negociaciones prometen ser intensas. Con esta jugada, Milei reafirma su compromiso con el ajuste fiscal, pero también enciende el debate sobre el costo social de sus decisiones. ¿Podrá el oficialismo sostener su estrategia en el Congreso? La respuesta llegará pronto.
