El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto que busca reformar de fondo el sistema de discapacidad en Argentina. La iniciativa introduce nuevas condiciones para acceder a pensiones, endurece controles y plantea un esquema más restrictivo que el vigente.

Reempadronamiento y controles más estrictos

Uno de los puntos centrales del proyecto es que todas las personas que reciben pensiones por invalidez deberán reinscribirse obligatoriamente. En ese proceso tendrán que volver a acreditar su situación médica, económica y laboral.

Si no cumplen con este trámite, el beneficio podría suspenderse automáticamente. Además, el sistema sumaría controles más rigurosos mediante el cruce de datos entre distintos organismos del Estado para detectar inconsistencias o incompatibilidades.

Cambios en montos, empleo y prestaciones

La propuesta también redefine el valor de las pensiones, que pasarían a equivaler al 70% de la jubilación mínima, eliminando adicionales que existían hasta ahora. 

En paralelo, establece una incompatibilidad total con el trabajo formal: quienes tengan empleo registrado no podrían mantener la pensión. A esto se suma la eliminación de incentivos a empresas para contratar personas con discapacidad y la desregulación del sistema de prestaciones, lo que impactaría en cómo se financian y fijan los valores de los servicios.

El proyecto ya abrió un fuerte debate político y social, ya que implicaría un cambio profundo respecto al modelo actual, con menos cobertura y mayores exigencias para quienes dependen de estas ayudas.