Una aprobación casi en silencio
El municipio de Yerba Buena promulgó el polémico Código de Ordenamiento Urbano, en un momento en que muchos vecinos aseguran que pasó casi en secreto. El nuevo código reemplaza la normativa vigente desde 1994 y despierta fuertes críticas sobre cómo impactará en el crecimiento y la identidad de la “Ciudad Jardín”.
La frase clave aparece desde el inicio del debate: al promulgar este Código de Ordenamiento Urbano, el Ejecutivo municipal se asegura una base legal para 25 años de desarrollo urbano, pero también abre la puerta a polémicas sobre torres, aumentos de densidad y cambios en zonas históricas. Diversos sectores de la comunidad denuncian que el proceso fue apresurado, sin la difusión suficiente ni estudios técnicos públicos, pese a los discursos oficiales.
Qué cambios introduce y por qué molestan
Con el nuevo Código de Ordenamiento Urbano, se establecen límites claros según zonas: regula la altura de los edificios, define qué terrenos pueden urbanizarse, y restringe las extensiones de los barrios privados. Según el municipio, estos cambios buscan un crecimiento ordenado, más vivienda y menos descontrol.
Pero no todos lo ven así: opositores creen que el Código termina favoreciendo a inmobiliarias. Denuncian que la normativa fue diseñada “a medida” para permitir grandes emprendimientos en sectores verdes y tranquilos. Además, apuntan a un déficit de estudios de impacto ambiental y urbanístico que respalden las nuevas alturas permitidas y la densidad proyectada.
El intendente Pablo Macchiarola, por su parte, defendió el proyecto como “un pacto colectivo” para ordenar el crecimiento. Dijo que el código mantiene la fisonomía de Yerba Buena como ciudad jardín, al tiempo que adapta la normativa a la demanda habitacional actual.
¿Qué se juega la ciudad con este cambio?
Promulgar el Código de Ordenamiento Urbano significa definir cómo será Yerba Buena en las próximas décadas. Los críticos temen que la identidad verde y residencial se diluya si crecen las construcciones de altura. Por su parte, quienes apoyan la norma creen que es la oportunidad para regular el descontrol actual, mejorar la conectividad y ordenar la ciudad de modo más sostenible.
El nuevo Código ya está vigente, y ahora resta ver cómo se implementará de verdad: cuanto pesará la voz de los vecinos, qué proyectos se aprobarán, y si la planificación prometida realmente será para todos, o solo para unos pocos.
