El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la consolidación de la reforma laboral al modificar, mediante un decreto de necesidad y urgencia, el esquema para determinar la base salarial de las indemnizaciones por despido sin causa. La normativa ya entró en vigencia y redefine con precisión qué rubros integrarán la liquidación final que debe percibir un trabajador.
A partir de esta reglamentación, solo se computarán el salario básico convencional y aquellas sumas remunerativas de carácter normal, habitual y mensual. Esta delimitación busca reducir la incertidumbre jurídica en los tribunales laborales y fijar un criterio uniforme para la liquidación de haberes tras la desvinculación.
Qué conceptos quedan excluidos de la liquidación
El cambio más sustancial radica en la **exclusión explícita de varios adicionales** que solían incorporarse en los reclamos judiciales. A partir de ahora, no formarán parte de la base de cálculo los siguientes rubros:
- El Sueldo Anual Complementario (aguinaldo).
- Bonos y premios extraordinarios.
- El plus vacacional y la participación en las ganancias.
- Sumas no remunerativas y pagos de periodicidad no mensual.
En lo relativo a horas extras e ingresos variables, el decreto establece que se tomará el promedio de lo percibido en los últimos seis meses o en el último año, aplicándose la alternativa que resulte más favorable para el dependiente.
Impacto, acuerdo con la CGT y tensión judicial
Si bien la norma **mantiene la fórmula general de un mes de sueldo por cada año de servicio** (o fracción mayor a tres meses), especialistas en derecho laboral coinciden en que el impacto económico será notorio en aquellos empleados con ingresos atados a productividad o comisiones. Por otro lado, en una guiñada a la **Central General del Trabajo (CGT)**, la Casa Rosada eliminó la restricción sobre aportes y contribuciones de convenios colectivos, blindando una caja clave para los gremios.
La medida se oficializa en medio de una fuerte disputa política. Distintos sectores del sindicalismo y abogados laboralistas ratificaron que presentarán **recursos de inconstitucionalidad ante la Justicia**, elevando la tensión por la aplicación práctica de la reforma en el ámbito privado.
